La diputada Graciela Chipana, representante de Juntos por el Perú, enfrenta un juicio oral derivado de hechos ocurridos en abril de 2025, cuando se desempeñaba como profesora de educación inicial en Moquegua y presuntamente impidió el ingreso de un niño de tres años con trastorno del espectro autista a su salón de clases.
El inicio del proceso judicial y la acusación fiscal en Moquegua
El caso que hoy compromete el futuro político de la legisladora se remonta a abril de 2025, en las instalaciones de la Institución Educativa Inicial Pública ‘San Antonio de Padua’ de Moquegua. En ese entonces, Graciela Chipana trabajaba como docente del aula de tres años y, según la investigación del Ministerio Público, incurrió en actos de distinción y trato discriminatorio hacia un menor diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA).
La acusación sostiene que la entonces profesora cuestionó la asignación del escolar a su salón, se negó a recibirlo y exigió la contratación de un profesional de apoyo individualizado. La denuncia formal ante las autoridades no fue interpuesta inicialmente por la familia, sino por la propia directora de la institución estatal, de acuerdo con los registros del caso difundidos por el programa dominical Cuarto Poder.
Testimonios y el audio incorporado a la carpeta fiscal
Durante la investigación, la Fiscalía incorporó elementos probatorios clave, entre ellos una grabación de audio que expone la postura que mantenía la docente respecto a las necesidades educativas especiales del menor.
#CuartoPoderLa diputada de Juntos por el Perú, Graciela Chipana, enfrenta un juicio que podría costarle su curul. La fiscalía la acusa de haber vulnerado los derechos de un pequeño de apenas 3 años cuando era su maestra en Moquegua. Audios y testimonios detallan el caso.… pic.twitter.com/6JBcW80ts5
Yo quiero que entiendan esto: ni yo conozco al niño. No sé… no se comunica con el lenguaje normal, hace gestos, y eso para mí es desgastante (…) Esos casos sí necesitan el apoyo. Tiene que tener una persona sombra, ¿qué es una persona sombra?, como una sombra, pues no, acompañarle exclusivamente al niño.
Graciela Chipana, exdocente y actual diputada
Por su parte, el padre del niño, Ysai Cáceres, quien labora como taxista en la misma localidad, declaró que su familia carecía de los recursos económicos necesarios para pagar una acompañante particular. Según su testimonio recogido por Diario Altavoz, nunca exigieron privilegios, sino simplemente que su hijo pudiera ejercer su derecho elemental a la educación pública. El padre relató que, pese a contar con la autorización de matrícula emitida por la dirección, la docente le cerró la puerta en su segundo día de clases.
Rechazo de recursos legales y posturas de la defensa
En su intento por evitar el juicio oral, la defensa legal de la parlamentaria —integrada por el exfiscal José Domingo Pérez y el abogado Aldo Álvarez Hurtado— interpuso un recurso de excepción de improcedencia de acción ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Moquegua. Argumentaban que los hechos imputados no constituían delito y señalaban que una pericia psicológica practicada al menor en la Fiscalía Civil y Familia no evidenciaba afectación psicológica.
No obstante, el Poder Judicial desestimó el pedido de la legisladora. El Ministerio Público objetó el argumento de la defensa al puntualizar que dicha evaluación no era concluyente debido a que el menor no se puede comunicar verbalmente por su condición. Asimismo, José Domingo Pérez insistió ante la prensa que las expresiones de su patrocinada constituyeron una simple preocupación por el bienestar del estudiante, manifestando que ha habido, lamentablemente, una mala interpretación de parte de la Fiscalía.
Implicancias políticas y el futuro de la curul en el Congreso
Actualmente, el juicio oral se encuentra en su etapa de actuación probatoria y podría concluir en los próximos tres meses. La Fiscalía solicitó una condena penal junto con la inhabilitación de la legisladora para ejercer cargos públicos, una sanción que pondría en riesgo directo su continuidad en la Cámara de Diputados.
Especialistas en materia penal, como el abogado Andy Carrión, señalaron en entrevistas con Canal N que una sentencia condenatoria firme abriría el camino para un trámite parlamentario orientado a su desafuero, precisando que la Fiscalía ha solicitado tres años de pena privativa de libertad. En paralelo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emitió un pronunciamiento institucional para recordar la vigencia de la Ley General de la Persona con Discapacidad, enfatizando que las escuelas deben garantizar entornos inclusivos libres de exclusión.
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