Guayaquil ha experimentado una notable disminución de la violencia tras la detención del alcalde Aquiles Álvarez, ocurrida el 10 de febrero pasado, según informó el presidente Daniel Noboa. Datos oficiales de la Policía Nacional revelan una reducción del 38% en las muertes violentas en la ciudad.
El análisis de las cifras, correspondiente al período comprendido entre el 10 y el 26 de febrero, muestra que los homicidios intencionales en Guayaquil pasaron de 154 en 2025 a 96 en 2026. A nivel de la Zona 8 –que abarca Guayaquil, Durán y Samborondón–, los casos disminuyeron de 214 a 121, lo que representa una reducción del 43%.
“El alcalde criminal ha sido atrapado y desde entonces hemos visto resultados concretos: Guayaquil ha mejorado más del 30% en seguridad; el Distrito Metropolitano de Guayaquil (DMG), más del 40%; y solo en febrero a nivel nacional hemos reducido los homicidios en un 13%”, declaró Noboa en una entrevista concedida a radio Centro el pasado 27 de febrero.
El ministro del Interior, John Reimberg, corroboró estas cifras y señaló que la reducción de muertes violentas en Guayaquil y en el DMG no solo confirma lo expresado por el presidente, sino que incluso supera las estimaciones iniciales. “El presidente de la República mencionó una caída del 26% de las muertes violentas a raíz de la detención del alcalde Álvarez, y a día de hoy esa cifra ha ido en aumento. Actualmente, en Guayaquil la reducción es de un 38% y en el DMG de un 43%”, afirmó.
Reimberg explicó que las variaciones en los porcentajes se deben a la actualización constante de los datos y recalcó que la tendencia a la baja se ha mantenido desde la captura del alcalde, esperando que continúe así. Asimismo, vinculó esta reducción con un contexto político en el que, según su criterio, algunos sectores habían utilizado el aumento de la violencia como una herramienta para debilitar al gobierno.
“He sido muy claro al decir que existe un grupo político que celebra cada muerte violenta, porque esa era su forma de desestabilizar al gobierno y afectar su imagen. Hoy, esa estrategia se les está derrumbando”, manifestó el ministro, quien insistió en que la caída de los homicidios desmonta esa narrativa y que el enfoque del gobierno se basa en una acción directa en materia de seguridad.
“Estamos trabajando por la seguridad de Guayaquil y del país”, sostuvo Reimberg, añadiendo que la coincidencia temporal entre la detención del alcalde y la disminución de los homicidios es un hecho observable en las cifras oficiales. “Coincidentemente, cuando el alcalde está detenido, el número de muertes violentas comienza a caer”, dijo.
Álvarez fue detenido en la madrugada del 10 de febrero de 2026 en un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía Nacional, en el marco del denominado caso Goleada. En el procedimiento también fueron capturados sus hermanos Antonio y Xavier, así como otras personas vinculadas a la investigación. El alcalde es procesado por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.
Tras la audiencia de formulación de cargos, un juez dictó prisión preventiva contra Álvarez y ordenó su traslado a un centro de privación de libertad en Latacunga. La audiencia de apelación a esta medida está fijada para el 2 de marzo. Además, Álvarez está vinculado a otra causa conocida como Triple A, que se encuentra en etapa de juicio y que investiga una presunta red de comercialización ilegal y desvío de combustibles subsidiados. La audiencia de juicio en este caso está programada para el 7 y 8 de marzo.
Expertos dan crédito a la ofensiva operativa y al efecto disuasivo del Estado
Más allá del proceso judicial de Álvarez, las cifras sobre la caída de muertes violentas han generado un análisis sobre los factores operativos que están incidiendo en esta tendencia. El coronel (sp) Alberto Molina, exgobernador del Guayas, atribuye la disminución de homicidios en Guayaquil y en la Zona 8 principalmente a la acción sostenida de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, más que a un hecho puntual.
“Es un trabajo permanente y constante”, sostuvo Molina, calificando como “una coincidencia” la reducción de las cifras tras la detención del alcalde. Señaló que en los últimos meses se ha intensificado la intervención en sectores considerados críticos, especialmente en Guayaquil y Durán, donde el sicariato y las muertes violentas han sido más frecuentes. Según explicó, el trabajo de inteligencia y las operaciones focalizadas han permitido afectar estructuras delictivas.
“Destaco el trabajo de las Fuerzas Armadas, que ha venido perfeccionándose en las labores de inteligencia y golpeando a estructuras delincuenciales con buenos resultados”, afirmó. El exgobernador también destacó el control sobre los centros penitenciarios como un factor relevante, recordando que en el pasado las organizaciones criminales mantenían capacidad de comunicación desde el interior de las cárceles, lo que les permitía dirigir acciones violentas en territorio, una situación que, según él, ya no ocurre con la cárcel de El Encuentro.
“Se ve que ahora están golpeando con más eficacia a esas bandas criminales”, dijo, subrayando que los resultados operativos incluyen capturas, decomisos y una presencia constante en zonas priorizadas.
Por su parte, el coronel (sp) Patricio Haro, experto en seguridad, enmarcó la reducción dentro de la fase actual de la política de seguridad del Gobierno. “El presidente de la República y el ministro del Interior han determinado claramente que existe una reducción en las muertes violentas en la Zona 8 y en la ciudad de Guayaquil. Esto obedece a varias circunstancias, y una de ellas fundamentalmente es la presencia de las Fuerzas Armadas en territorio”, explicó.
Haro sostuvo que la actual etapa corresponde a una fase ofensiva en la que, por doctrina, se concentra la capacidad operativa para alcanzar objetivos específicos. “En la última fase de ofensiva se ha conseguido esta reducción”, afirmó. No obstante, precisó que la detención de una autoridad no implica necesariamente una relación automática con la disminución inmediata de la violencia, indicando que los procesos judiciales que enfrenta el alcalde están relacionados con delitos distintos a los homicidios.
Sin embargo, Haro sí destacó el mensaje institucional que puede derivarse de una acción de esa magnitud. “La lectura es absolutamente clara: la ley es para todos”, expresó. A su criterio, cuando el Estado actúa frente a cualquier persona investigada por delitos, el mensaje alcanza tanto al crimen organizado como a quienes cometen ilícitos desde posiciones de poder. “Los delincuentes de cuello blanco también deben estar atentos y deben esperar que la acción y el peso de la ley caiga en cualquier momento sobre ellos”, sostuvo.
El experto añadió que la presencia militar en territorio cumple un rol disuasivo y que el control efectivo de zonas estratégicas limita la capacidad operativa de las organizaciones criminales. Sin embargo, advirtió que la sostenibilidad de la reducción deberá evaluarse en el tiempo. “No es una acción que por la presencia inmediata de las Fuerzas Armadas implique que la violencia ha desaparecido. Tenemos que esperar”, dijo, explicando que el repliegue progresivo y el mantenimiento del control territorial serán determinantes para consolidar la tendencia.
