Con la entrada de la agresión estadounidense-israelí contra Irán en su cuarta semana, el tema energético se ha convertido en una prueba directa de la capacidad de la administración del presidente Donald Trump para gestionar las consecuencias de la guerra. El fuerte aumento de los precios del petróleo y la gasolina se ha convertido en una presión política interna, amenazando la narrativa sobre la que se basó su mandato en torno a la reducción del costo de vida y la estabilización de los mercados.
Desde el momento en que se interrumpió el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, el mercado petrolero entró en estado de shock. El estrecho, por el que transita cerca del cinco por ciento de los suministros mundiales, se transformó en un cuello de botella real, lo que provocó una pérdida de entre 6 y 8 millones de barriles diarios del mercado, según estimaciones de Rystad Energy. Esta escasez no puede compensarse con herramientas tradicionales, lo que se reflejó rápidamente en el aumento de los precios, con el crudo Brent saltando de alrededor de 73 dólares antes de la guerra a más de 110 dólares en cuestión de semanas.
En este contexto, la administración Trump recurrió a una serie de medidas destinadas a absorber el impacto, pero que se mantuvieron dentro de un margen limitado. El primer paso fue retirar reservas estratégicas de petróleo, en un intento de aumentar rápidamente la oferta. Sin embargo, esta herramienta, a pesar de su simbolismo político, tiene limitaciones, ya que lo máximo que se puede bombear oscila entre un millón y dos millones de barriles diarios, por un período de tiempo corto. En comparación con la magnitud de la escasez resultante de la interrupción del estrecho, la diferencia es evidente, lo que hace que el efecto real de la extracción sea limitado tanto en tiempo como en cantidad.
Paralelamente, la administración anunció una exención temporal de la Ley Jones, con el objetivo de facilitar el transporte de combustible entre los puertos estadounidenses y reducir el costo del suministro interno, especialmente en la costa este. Esta medida se dirige a un aspecto logístico de la crisis, y análisis previos de JP Morgan estiman que su impacto potencial no supera unos pocos centavos por galón. Este tipo de medidas abordan cuellos de botella internos, pero no abordan la esencia de la crisis relacionada con la oferta global.
La administración también se dirigió a aliviar algunas restricciones al petróleo ruso y venezolano, en un intento de devolver parte del suministro al mercado. Sin embargo, este paso se enfrenta a obstáculos políticos y logísticos, además de que la capacidad productiva de estos países no permite compensar la gran brecha resultante de la interrupción del estrecho de Ormuz a corto plazo. Además, se habló de aumentar la producción nacional, especialmente frente a las costas de California, una opción que requiere tiempo e inversiones, lo que limita su impacto inmediato.
Por otro lado, estas medidas revelan los límites de la capacidad de la política estadounidense para controlar los mercados energéticos en medio de una conmoción geopolítica de esta magnitud. Estimaciones de la empresa global Wood Mackenzie, que proporciona análisis, datos y perspectivas estratégicas integrales para los sectores de energía renovable, sugieren que el factor decisivo para la estabilización de los precios sigue estando relacionado con la reapertura del estrecho, y no con la expansión de herramientas de oferta alternativas. Esta evaluación coincide con un amplio consenso entre los expertos en energía, quienes consideran que las herramientas utilizadas por la administración siguen teniendo un impacto limitado.
Por el contrario, Washington intentó abordar la raíz del problema a través de una vía de seguridad, proponiendo la idea de formar una alianza internacional para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, la respuesta internacional fue limitada, con reservas claras de las principales potencias, lo que debilitó la posibilidad de lograr un avance rápido. Este revés refleja una disminución de la capacidad estadounidense para generar consenso internacional en las crisis energéticas, en comparación con momentos anteriores.
Internamente, estas políticas no lograron frenar los efectos de la crisis en el consumidor estadounidense. Datos de la Asociación de Automóviles Americana muestran que el precio promedio de la gasolina ha aumentado a alrededor de 3,72 dólares por galón, en comparación con 2,94 dólares hace un mes. Este rápido aumento devuelve el tema de la energía a la vanguardia de las prioridades de los votantes, especialmente en medio de la continua presión sobre los precios de la vivienda y los bienes básicos.
Políticamente, esta realidad coloca a la administración Trump en una situación delicada. La continuación de la guerra significa que uno de los corredores petroleros más importantes del mundo permanecerá cerrado, lo que limita la eficacia de cualquier herramienta económica. Al mismo tiempo, retroceder sin abordar el problema del estrecho perpetúa la disrupción del mercado y mantiene los precios altos. Entre estas dos opciones, la capacidad de la administración para ofrecer resultados tangibles en un tema que es uno de los más sensibles en el interior de Estados Unidos se erosiona.
Las medidas adoptadas por la administración Trump fueron diversas, pero carecieron de la capacidad de provocar un cambio sustancial en la trayectoria de los precios. La razón no está relacionada con la debilidad de las herramientas, sino con la naturaleza de la crisis en sí, donde el factor militar se entrelaza con la estructura del mercado global. En este contexto, el curso de la guerra, y no las políticas económicas, sigue siendo el principal determinante de la dirección de los precios del petróleo en el futuro inmediato.
