El exgobernante, actualmente detenido desde diciembre de 2022 tras un intento de disolver el Parlamento, y su abogado, Ayala, han presentado una solicitud formal al Presidente invocando la facultad constitucional para otorgar la gracia. No obstante, reconocen la existencia de un reglamento reciente que establece requisitos específicos y limita su aplicación a sentencias definitivas, situación en la que no se encuentra Castillo, a la espera de una resolución de su apelación.
Castillo, quien fue condenado en noviembre de 2025 a una pena de 11 años de prisión por presunto delito de rebelión, argumenta que su condena se basa en motivos políticos y no en un debido proceso legal.
En su petición, Castillo solicita que se considere su caso bajo principios de humanidad y propone que su liberación podría interpretarse como un gesto de reconciliación nacional. Asimismo, apela a un compromiso político que, según su versión, fue asumido por el actual mandatario, Balcázar.
El gobierno de Balcázar ha rechazado la solicitud, argumentando que no se ajusta a las prioridades de su administración. Por su parte, el abogado Ayala ha señalado que la petición introduce el debate sobre un posible indulto, el cual requeriría de un proceso formal.
El abogado también expresó la confianza de Castillo en lograr su absolución definitiva en los próximos meses, evitando así la necesidad de un indulto. Sin embargo, la solicitud se presentó con el objetivo de obtener una postura clara por parte del Presidente Balcázar.
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