El Colegio de Abogados del Estado de California ha abierto una investigación sobre un destacado bufete de abogados de Los Ángeles que representa a miles de víctimas de abusos sexuales en un acuerdo histórico de 4 mil millones de dólares, según documentos judiciales hechos públicos el miércoles.
La investigación se centra en Downtown LA Law Group, que también es objeto de una investigación criminal por acusaciones de que a los demandantes se les pagó para presentar demandas. Los detalles de la investigación se presentaron en una moción judicial del 20 de enero, presentada por los abogados del condado de Los Ángeles. El condado acordó este acuerdo histórico en la primavera para resolver miles de denuncias de abusos sexuales ocurridos en centros juveniles y hogares de acogida.
La moción más reciente presentada por el condado solicita al juez superior Lawrence Riff permiso para entregar al Colegio de Abogados documentos confidenciales de casos relacionados con clientes de Downtown LA Law Group, o DTLA. El condado informó que el Colegio de Abogados había emitido una citación judicial para obtener los documentos como parte de su investigación en curso.
El condado incluyó una serie de investigaciones del Los Angeles Times como pruebas, citando informes que revelaron que nueve clientes representados por el bufete afirmaron haber sido pagados por reclutadores para demandar al condado. Cuatro de ellos declararon que se les indicó inventar sus denuncias de abuso. El bufete ha negado todas las acusaciones y ha declarado que “categóricamente no participa, ni ha tolerado jamás, el intercambio de dinero por la retención de clientes”.
DTLA no abordó directamente la pregunta de si planeaba impugnar la solicitud. “No podemos comentar sobre asuntos pendientes ante el tribunal”, declaró el bufete. “Si bien estamos cooperando con el Colegio de Abogados, también estamos tomando todas las medidas necesarias para proteger los legítimos derechos de privacidad de los demandantes que son víctimas de agresión sexual”.
La moción solicita una audiencia el 26 de febrero para discutir la autorización al Colegio de Abogados para revisar los documentos presentados por DTLA.
“Los artículos del LA Times plantean acusaciones serias de prácticas fraudulentas e ilegales por parte de los abogados que representan un riesgo de daño al público”, señala la moción del condado. “El Colegio de Abogados no puede cumplir con su deber de proteger al público si no puede obtener todos los materiales necesarios para llevar a cabo una investigación exhaustiva de estas acusaciones, especialmente cuando las acusaciones se refieren a prácticas fraudulentas potencialmente sistemáticas por parte de abogados con licencia”.
El Colegio de Abogados emitió una citación judicial al condado el 4 de noviembre, solicitando miles de documentos relacionados con las aproximadamente 2,700 víctimas de abusos sexuales representadas por DTLA, según una declaración de Alex Binder, un abogado del brazo investigador del Colegio de Abogados. El bufete representa casi una cuarta parte del total de las víctimas en el acuerdo.
El Colegio de Abogados solicitó tres conjuntos de documentos: las demandas, descripciones detalladas de los abusos y certificados de profesionales de la salud mental, un requisito para las víctimas mayores según la ley estatal.
El condado entregó las demandas, pero indicó que los otros documentos estaban protegidos por una orden judicial.
“El condado se encuentra en una situación insostenible”, afirma la moción. “Posee materiales confidenciales que el Colegio de Abogados busca para investigar acusaciones serias de posible mala conducta profesional, pero no puede producirlos”.
Legisladores estatales y un grupo comercial de abogados instaron por primera vez al Colegio de Abogados a investigar en octubre, después de que el Times publicó su primera investigación sobre el posible fraude en el acuerdo del condado. El Colegio de Abogados se negó a comentar si investigaría las acusaciones en ese momento, pero señaló, en términos generales, que la ley de California prohíbe a los abogados realizar pagos, o causar que otros realicen pagos, para solicitar clientes.
Según la moción, el Colegio de Abogados está investigando las acusaciones surgidas a raíz de los informes del Times de que DTLA “podría haber participado en prácticas fraudulentas e ilegales” al representar a clientes de abusos sexuales, “incluido el posible uso indebido de reclutadores externos, presentaciones engañosas y conductas que podrían constituir turpitud moral”.
“Si estas acusaciones son ciertas, podrían socavar la legitimidad de miles de reclamaciones y distorsionar el acuerdo destinado a compensar a los sobrevivientes de abusos sexuales en la infancia”, señala la moción.
Se espera que los pagos a las víctimas de abusos sexuales en el acuerdo oscilen entre 150.000 y 3 millones de dólares. Los pagos se anticiparon inicialmente para enero, pero se han retrasado en parte debido al nuevo escrutinio del volumen de casos de DTLA. El condado designó a un juez para llevar a cabo una verificación adicional de los casos del bufete, lo que debe completarse antes de que se desembolse ningún dinero.
En una carta enviada a los clientes la semana pasada, DTLA informó que se le dijo en una reciente audiencia judicial que los retrasos se debieron, en parte, a “un potencial de reclamaciones falsas mayor de lo esperado” entre los más de 10.000 demandantes. La carta recordó a los clientes que las reclamaciones falsas podrían ser señaladas para una “posible persecución penal” y que podían retirar su demanda en cualquier momento.
La investigación del Colegio de Abogados se produce mientras la oficina del fiscal del condado de Los Ángeles continúa su propia investigación sobre el bufete como parte de una investigación más amplia sobre el fraude dentro de la litigación por abusos sexuales.
El fiscal del distrito Nathan Hochman anunció en noviembre, a raíz de los informes del Times, que había iniciado una investigación sobre las acusaciones de que los demandantes inventaron historias de abuso. Una de las personas que le dijo al Times que le habían pagado para inventar falsas acusaciones dijo que un investigador sénior de la oficina le había dejado una tarjeta de visita a un familiar en diciembre.
La oficina del fiscal del distrito dijo el miércoles que la investigación está en curso, pero se negó a hacer más comentarios.
