Un grupo de investigadores y organizaciones defensoras presentó una demanda este lunes ante el Tribunal de Distrito de EE.
UU. en Massachusetts para frenar el desmantelamiento de la división de ciencias sociales de la National Science Foundation.
La acción legal busca bloquear el desmantelamiento de la división conocida como la Directorate for Social, Behavioral and Economic Sciences. Dicha división financia investigaciones sobre temas que van desde el mapeo cerebral hasta la economía.
La demanda advierte que cerrar la dirección afectará gravemente a estas disciplinas en Estados Unidos. Cientos de proyectos de investigación enfocados en la inteligencia artificial y el desarrollo infantil nunca saldrán adelante sin este apoyo financiero.
Los demandantes incluyen a dos investigadores radicados en Massachusetts, además de la Federation of Associations in Behavioral and Brain Sciences, la Society of Experimental Social Psychology y la Social and Affective Neuroscience Society.
Democracy Forward representa legalmente a la coalición, y su equipo legal en este asunto incluye a Sean Ouellette, Ram Sridharan, Lesley Farby y Robin Thurston.
Antes de la administración actual, la división financiaba casi dos tercios de la investigación básica federal en el sector social, conductual y económico.
La división ha sido objeto de críticas por parte de algunos miembros de la administración que la tildan de woke.
La Ley de la Fundación Nacional de Ciencias de 1950, promulgada tras la Segunda Guerra Mundial con el fin de garantizar que Estados Unidos se mantuviera como líder mundial en descubrimientos científicos e innovación tecnológica, instruye a la agencia a respaldar la investigación básica en ciencias sociales junto con las ciencias físicas y biológicas.
Mike England, portavoz de la N.S.F., declaró que la agencia ha estado activamente participando en una planificación prudente y tomando medidas para implementar la agenda del presidente, aunque sostuvo que la dirección no ha sido clausurada.
Por su parte, Jon Freeman, profesor de psicología en la Universidad de Columbia y miembro de la junta de la Federation of Associations in Behavioral and Brain Sciences, señaló que la ciudadanía pagará el costo si se desmantela el área.
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