La Jurisdicción Especial para la Paz imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a doce antiguos integrantes de la Fuerza Pública por hechos ocurridos entre 2001 y 2004 en la Comuna 13 de Medellín, señalando a generales en retiro como Mario Montoya Uribe de participar en un entramado criminal con paramilitares.
La decisión de la JEP y los doce mandos imputados
La Jurisdicción Especial para la Paz formalizó la imputación de cargos en contra de doce antiguos integrantes de la Fuerza Pública en Medellín. La Sala determinó que ocho exintegrantes del Ejército y cuatro de la Policía Nacional habrían participado en un patrón macrocriminal que derivó en homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas y persecuciones contra la población civil.
Dentro del listado de imputados figuran oficiales de alto rango, entre ellos el brigadier general retirado Mario Montoya Uribe, quien comandó la IV Brigada del Ejército entre 2001 y 2006. La investigación también cobija al brigadier general retirado José Leonardo Gallego Castrillón y a otros oficiales como el coronel retirado Bernardo Gutiérrez Camelo y el coronel retirado Jairo Bocanegra de la Torre.
La alianza criminal y las operaciones en la Comuna 13
Las indagaciones revelan que las acciones armadas no respondieron a episodios aislados. La Sala de Reconocimiento estableció que la actuación estatal trascendió la simple tolerancia y se configuró como una colaboración directa con estructuras paramilitares, principalmente el Bloque Cacique Nutibara.
#Atención | La JEP llama a versión en Medellín a los generales (r) Mario Montoya Uribe y José Leonardo Gallego Castrillón, por hechos relacionados con la Comuna 13, en el marco del #Caso08, que investiga crímenes de la fuerza pública cometidos en asocio con paramilitares durante…
— https://x.com/JEP_Colombia/status/1834753500695138424
Entre 2001 y 2003, las autoridades ejecutaron 41 intervenciones en la zona, entre las que sobresalen las operaciones Otoño, Contrafuego, Metro, Mariscal y la denominada Operación Orión, llevada a cabo entre el 16 y el 23 de octubre de 2002.
- La estigmatización sistemática de la población civil, señalando a habitantes y líderes comunitarios como integrantes o colaboradores de las milicias urbanas.
- Acuerdos de no agresión y coordinación operativa entre unidades del Ejército, la Policía y los grupos paramilitares bajo una lógica resumida en la expresión
usted entra y yo salgo
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El intercambio ilegal incluyó la entrega de listados, fotografías y órdenes de batalla. Varios uniformados recibieron pagos por información y recompensas financiados con recursos de Metroseguridad, transferidos a través del Fondo de Seguridad del Departamento de Antioquia y de fondos de gastos reservados administrados por la IV Brigada, la RIME 6 y la MEVAL.
Víctimas documentadas e inhumaciones clandestinas
La magnitud de la violencia dejó un saldo de 951 hechos victimizantes que afectaron a 891 personas en la Comuna 13 y sectores aledaños entre 2001 y 2004. El universo provisional determinado por la JEP incluye 87 víctimas de desaparición forzada, 80 de homicidio, 289 de desplazamiento forzado, 74 hechos de lesiones personales, 34 de tortura, 7 de violencia sexual y 380 personas afectadas por privaciones graves de la libertad.
Durante la Operación Orión se reportaron 292 personas capturadas, de las cuales 248 carecían de orden judicial. Del total de aprehendidos sin orden previa, 144 recuperaron la libertad por falta de pruebas entre octubre de 2002 y enero de 2003.
Asimismo, la investigación se articuló con las labores de búsqueda en el sector de La Escombrera y otros sitios de inhumación clandestina como El Cebollal, Cerro Doce Apóstoles y La Palomera. En estos lugares se recopiló información sobre al menos 38 víctimas de desaparición forzada ocurridas entre 2002 y 2003, de las cuales 28 están plenamente identificadas y 10 continúan pendientes de identificación.
Plazos y siguientes etapas procesales ante el tribunal
Tras recibir la notificación formal de la JEP, los doce exuniformados imputados disponen de un plazo improrrogable de 15 días hábiles para manifestar si reconocen o no su responsabilidad en los hechos endilgados.
En caso de que exista un reconocimiento expreso de culpabilidad, los comparecientes podrán ser cobijados con una Resolución de Conclusiones que se remitirá al Tribunal para la Paz, donde se definirán sanciones de carácter restaurativo. Si optan por no reconocer los cargos, el expediente será trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para iniciar un juicio adversarial que podría concluir con penas de hasta 20 años de prisión.
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