WASHINGTON (AP) — Un juez federal acordó este lunes suspender temporalmente la última versión de una política de la administración Trump que exige a los miembros del Congreso notificar con una semana de anticipación antes de poder visitar los centros de detención de inmigrantes.
La jueza del Distrito de Columbia, Jia Cobb, dictaminó que un grupo de legisladores demócratas probablemente tendrá éxito al demostrar que el requisito de notificación de siete días es ilegal y excede la autoridad estatutaria del gobierno.
La jueza señaló que la administración republicana no ha citado “ejemplos concretos de problemas de seguridad planteados por las visitas del Congreso sin previo aviso”.
Trece miembros de la Cámara de Representantes demandaron para impugnar la política emitida el 8 de enero por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Cobb ya había bloqueado una versión anterior de la política en diciembre, al dictaminar que es probable que sea ilegal que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) exija una semana de notificación a los miembros del Congreso que buscan visitar y observar las condiciones en las instalaciones de ICE.
“Los demandantes están sin duda frustrados por los repetidos intentos de los demandados de imponer un requisito de notificación”, escribió Cobb. “Pero al tomar medidas adicionales, los demandados deben ajustarse a los términos de la orden judicial y actuar de manera consistente con los principios legales establecidos en esta opinión”.
Sin embargo, Noem reinstaló en secreto otro requisito de notificación un día después de que un agente de ICE disparara y matara a la ciudadana estadounidense Renee Good en Minneapolis. La nueva política era casi idéntica a la versión que Cobb había bloqueado en diciembre.
Tres días después del fatal tiroteo, a tres miembros demócratas del Congreso de Minnesota se les impidió visitar una instalación de ICE cerca de Minneapolis. El Departamento de Seguridad Nacional no divulgó la nueva versión de la política hasta después de que las representantes Ilhan Omar, Kelly Morrison y Angie Craig inicialmente fueran rechazadas en la entrada de la instalación, según los abogados de los demandantes.
Una ley prohíbe al gobierno utilizar fondos públicos apropiados para impedir que los miembros del Congreso ingresen a las instalaciones del DHS con fines de supervisión. Cobb determinó que es “altamente probable” que la administración del presidente Donald Trump haya utilizado fondos restringidos para promulgar y hacer cumplir la nueva política.
Cobb fue nominada para el cargo por el presidente Joe Biden, un demócrata.
