Hace aproximadamente un año, en septiembre, la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) de Indonesia mostraba confianza en su investigación contra tres exdirectivos de la empresa estatal de ferris, PT ASDP Indonesia Ferry. Los acusados habían presentado una moción de juicio previo alegando falta de debido proceso, pero un juez único del Tribunal de Distrito de Yakarta Sur desestimó sus peticiones por falta de pruebas.
Esta victoria permitió a la KPK continuar con el proceso. En consecuencia, Ira Puspadewi, ex presidenta directora de ASDP, y los directores Harry Muhammad Adhi Caksono y Muhammad Yusuf Hadi permanecieron como sospechosos. Diez meses después, en junio de este año, la KPK llevó a los tres ante el Tribunal de Corrupción de Yakarta, acusándolos de causar pérdidas al Estado con una decisión de 2022 de adquirir un operador de ferris privado, a pesar de la falta de pruebas de que hubieran recibido fondos ilícitos o actuado con intención criminal.
El mes pasado, el tribunal condenó a los acusados, sentenciando a Ira a cuatro años y medio de prisión y a los exdirectores a cuatro años. Sin embargo, el tribunal reconoció que no existían pruebas de que los acusados se hubieran enriquecido personalmente, y que la política se implementó únicamente para expandir los servicios de ASDP.
Cabe destacar que un juez se opuso a la sentencia, argumentando que la adquisición fue una decisión comercial protegida por la «regla del juicio empresarial» y no un acto criminal.
Días después, el presidente Prabowo Subianto indultó a Ira y a sus colegas en medio de la indignación pública por la persecución de la KPK. Los críticos, sin embargo, sostienen que tal intervención ejecutiva habría sido innecesaria si el sistema de justicia del país funcionara de manera justa.
Este caso pone de manifiesto las deficiencias de la KPK. Existen razones evidentes para cuestionar su credibilidad al perseguir este tipo de casos. En el caso de ASDP, la KPK parece incapaz de diferenciar entre una decisión empresarial racional y un delito.
Esto está alimentando las acusaciones de que la agencia se ha vuelto más política y menos profesional en los últimos años, un declive que a menudo se atribuye a la controvertida enmienda a la Ley de la KPK que sistemáticamente debilitó lo que una vez fue el organismo anticorrupción más eficaz y temido del país.
