La SCJN valida qué las telefónicas guarden datos por dos años

La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó que las empresas guarden los registros de llamadas, metadatos y geolocalización por dos años.

Avalan retener datos telefónicos

La decisión resolvió el amparo en revisión 193/2026. Una quejosa buscaba declarar inconstitucionales el artículo 183 y diversas disposiciones al considerar que vulneraban la privacidad y la protección de datos personales.

El proyecto defendió la constitucionalidad de la ley. El almacenamiento cuenta con un uso restringido y exige a las firmas salvaguardar la información.

Bajo la ponencia de la ministra María Estela Ríos González, se argumentó que la regla detalla puntualmente qué datos se resguardan.

Corresponde a las compañías telefónicas efectuar dicha vinculación y custodiar los datos requeridos, según señaló la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

El tribunal determinó que la medida no viola derechos fundamentales. Funciona como un mecanismo de colaboración con instancias de seguridad y procuración de justicia.

Empresas deben conservar registros telefxnicos por axos
Foto: informador.mx

Se prohíbe terminantemente a los operadores emplear los datos con fines de lucro o mercadotecnia. Solo sirven para auxiliar a los órganos de procuración de justicia mediante mandamiento judicial.

Fijan plazos para los registros

Las compañías de telefonía móvil operan bajo un esquema que limita a dos años el periodo de guarda en México. La legislación no exige grabar el contenido de las conversaciones.

Durante la sesión, la discusión del pleno abordó los controles necesarios para evitar abusos. Se centraron en las condiciones que debe acreditar una autoridad antes de exigirlos.

Las compañías deben mantener los registros en sistemas accesibles. Deben entregarlos cuando sean requeridos oficialmente por las instancias correspondientes dentro del plazo establecido.

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Debaten el acceso a la información

“Únicamente la autoridad judicial puede autorizar el acceso a esa información”, puntualizó la ministra María Estela Ríos González. Ella propuso negar la protección de la justicia a la quejosa.

La medida se dirige exclusivamente a concesionarios y autorizados, delimitando sus alcances en la materia.

Durante la sesión del pleno se registró una confrontación. “Hay quienes dicen: 'Hágase de esta manera'. Yo sí pido, y lo pido como ministra, que se respete mi decisión, porque lo otro es no respetar mi manera de hacer las cosas y creo que ustedes no me pueden obligar a hacerlo. Si no les convence, está bien, pero obligar a hacerlo como ustedes, como algunos quieren, me parece que es una falta de respeto a mi posición de ministra”, la ministra Ríos González acusó a sus compañeros de intentar obligarla a modificar la manera en que elabora sus proyectos interpretativos.

Ante esto, Hugo Aguilar Ortiz sostuvo que no se trataba de una falta de respeto. El presidente de la Corte indicó que la mayoría tiene un criterio.

Antes de su labor jurisdiccional, María Estela Ríos González se desempeñó como consejera jurídica del Ejecutivo federal entre 2021 y 2024. Egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, también ejerció como consejera jurídica y de servicios legales del Distrito Federal de 2000 a 2006.

El objetivo es buscar que el proyecto tenga el criterio de la mayoría. Quienes sostienen una postura diferente emiten votos concurrentes o particulares con respeto.

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