Residentes del fraccionamiento Laderas del Mar han expresado preocupaciones sobre presuntas irregularidades administrativas y un supuesto intento de despojo, tras un cambio en la administración el pasado 11 de febrero. Estos señalamientos surgieron un día después de que otros vecinos acusaran a los nuevos administradores de una toma irregular de las instalaciones, incluyendo la caseta de seguridad.
Vecinos denunciaron haber sido víctimas de presuntas estafas por parte de Carlos Reyes, quien se desempeñaba como administrador y abogado de bienes raíces del fraccionamiento. Las acusaciones incluyen un presunto mal manejo de fondos y el despojo de propiedades.
Sandra Urbina Toro, propietaria en el fraccionamiento, relató haber sido víctima de un intento de despojo, alegando que Reyes rentó su departamento sin que ella recibiera ingresos. “Cuando entré al departamento ya no había muebles; la inquilina se había ido. Llegó el nuevo dueño con su abogado y la policía, me llevaron ante el juez y me dijeron que tenía que arreglarlo por la vía civil. Me pidieron que saliera o me iban a arrestar. Ahí empezó mi agonía para recuperar mi departamento”, declaró Toro, quien finalmente recuperó su propiedad.
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Toro negó categóricamente la presencia de personas armadas en las instalaciones o cualquier tipo de amenaza o agresión al personal de la administración saliente.
Jesús Medina, representante del comité vecinal provisional tras la salida de la administración anterior, explicó que el cambio se debió a presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto destinado al mantenimiento, así como a denuncias de presuntos actos de violencia entre Reyes y empleados.
“Considero que hubo malas prácticas por su parte, específicamente en lo que respecta a una administración fraudulenta. No se presentan informes, no hay una rendición de cuentas clara sobre el uso de los fondos, ni ingresos, ni gastos”, afirmó Medina.
Los residentes también cuestionaron el costo de 9 mil pesos por condominio para trabajos de pintura en 120 departamentos, lo que representa una inversión superior al millón de pesos. Medina señaló que una cotización posterior reveló que el mismo trabajo podría realizarse por aproximadamente 400 mil pesos.
En relación con la asesoría jurídica proporcionada por el despacho “López Ortiz y Asociados”, a cargo de Christian Pablo López, a Sandra Toro para la recuperación de su departamento, algunos vecinos manifestaron su incomodidad con su presencia.
Uriel Álvarez, abogado representante legal de Toro, aclaró que la presencia de López en el fraccionamiento se limitó a una reunión con personal de seguridad para evaluar la necesidad de reforzar el dispositivo, y negó cualquier intento de toma de posesión o actos de violencia.
Una vecina expresó su preocupación por la contratación de la empresa Centinela Seguridad Privada, argumentando que la decisión no fue consultada con todos los residentes y que existen procesos legales abiertos en su contra. “Hay procesos abiertos en la fiscalía, con número y nombre. Esa información es pública. Me preocupa que la persona que custodia mi puerta obedezca a una empresa con estos antecedentes”, manifestó.
Otro residente sugirió que el conflicto se originó en una disputa entre Reyes y Toro, y que el resto de los vecinos se han visto involucrados a raíz de esta situación. Además, cuestionó a quienes promovieron estas acciones por presuntas amenazas dirigidas al personal de la administración anterior por parte de López y su equipo.
