Nueva York y Maryland impulsan la aceptación de efectivo en comercios
En un movimiento que busca garantizar la inclusión financiera, tanto el estado de Nueva York como el estado de Maryland están tomando medidas para asegurar que los comercios acepten pagos en efectivo. Estas iniciativas responden a la necesidad de proteger a aquellos consumidores que no tienen acceso a servicios bancarios o que prefieren utilizar efectivo para sus transacciones diarias.
A partir del pasado sábado, entró en vigor en Nueva York la ley S4153A, que obliga a los establecimientos minoristas y tiendas de alimentación a contar con al menos una caja habilitada para recibir pagos en efectivo. La normativa prohíbe la imposición de recargos a los clientes que opten por pagar en efectivo, garantizando que no se apliquen sobreprecios ni métodos de redondeo que incrementen el costo final para estos usuarios. No obstante, existe una excepción: los comercios no están obligados a aceptar efectivo para compras superiores a los 20 dólares.
Esta ley busca resguardar a los grupos poblacionales que dependen exclusivamente del efectivo, incluyendo a aquellos que no cuentan con una cuenta bancaria. De hecho, según datos recientes, aproximadamente uno de cada siete hogares hispanos en Nueva York carece de acceso a servicios bancarios, lo que hace que esta legislación sea especialmente relevante para esta comunidad.
Paralelamente, en Maryland se está considerando un proyecto de ley que obligaría a las empresas a aceptar pagos en efectivo por compras inferiores a 300 dólares. El diputado Gregory Wims, impulsor de la iniciativa, argumenta que el efectivo es fundamental para la economía y que nadie debería ser impedido de utilizarlo para adquirir bienes y servicios básicos. Organizaciones como la CASH Campaign of Maryland apoyan la medida, señalando que podría beneficiar a familias de bajos ingresos que utilizan efectivo o han agotado sus tarjetas de crédito.
Si bien estas leyes buscan promover la inclusión financiera, algunos opositores argumentan que podrían aumentar los riesgos para los minoristas y los costos operativos. Sin embargo, los defensores de la medida insisten en la importancia de garantizar que todos los habitantes tengan acceso a la economía, independientemente de su forma de pago preferida.
