Washington ha bloqueado al gobierno de Venezuela la posibilidad de cubrir los costos de la defensa del expresidente Nicolás Maduro en el marco de cargos por narcotráfico en Nueva York. Esta medida, según su equipo legal, podría vulnerar el derecho constitucional de Maduro a contar con representación legal.
El abogado Barry Pollack notificó la semana pasada a un juez federal de Manhattan que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos revocó la autorización para el pago de honorarios legales que el gobierno venezolano está obligado a cubrir para la defensa de Maduro y su esposa, Cilia Flores, de acuerdo con sus leyes y costumbres. El correo electrónico fue incorporado al expediente público del tribunal el miércoles.
Maduro y Flores se encuentran detenidos en Nueva York sin derecho a fianza desde su captura en Venezuela el pasado 3 de enero, durante una operación de las fuerzas armadas estadounidenses. Ambos han declarado su inocencia.
La detención, precedida por meses de despliegue militar estadounidense en el Caribe, ha facilitado que el gobierno del presidente Donald Trump ejerza una influencia considerable sobre Delcy Rodríguez, vicepresidenta y actual mandataria interina de Venezuela.
Bajo la presión de Estados Unidos, Rodríguez ha actuado rápidamente para abrir la industria petrolera venezolana a la inversión estadounidense, liberar a presos políticos y restablecer la comunicación directa con Washington, algo que no ocurría desde que la administración Trump ordenó el cierre de la embajada estadounidense en Caracas en 2019.
Pollack señaló en su comunicación que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, encargada de administrar las sanciones contra Venezuela, había autorizado el 9 de enero al gobierno venezolano a aprobar el pago de los honorarios legales. Sin embargo, menos de tres horas después, la autorización fue revocada “sin explicación”, aunque se mantuvo vigente el permiso para cubrir los honorarios de los abogados de Flores, según indicó Pollack.
La controversia en torno a los honorarios legales de Maduro está intrínsecamente ligada a la política exterior de Estados Unidos. La administración Trump rompió relaciones con Maduro en 2019 y reconoció al líder opositor de la Asamblea Nacional como el mandatario legítimo de Venezuela. La administración de Joe Biden ha mantenido una línea política similar.
No obstante, permitir que el gobierno de Rodríguez cubra los costos de la defensa de Maduro podría complicar la estrategia de la fiscalía en el tribunal para contrarrestar el argumento del expresidente venezolano de que su captura fue ilegal y que, en su calidad de jefe de Estado extranjero, goza de inmunidad frente a un proceso penal bajo las leyes estadounidenses y el derecho internacional.
Una acusación formal de 25 páginas acusa a Maduro y a otros individuos de colaborar con cárteles de la droga y miembros de las fuerzas armadas para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Tanto Maduro como su esposa enfrentan una posible cadena perpetua en caso de ser declarados culpables.
La acusación formal detalla que, como parte de la presunta conspiración, Maduro y su esposa habrían ordenado secuestros, agresiones y asesinatos de personas que les debían dinero relacionado con el narcotráfico, incluyendo el asesinato de un líder criminal en Caracas.
El Departamento del Tesoro, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia no han respondido a solicitudes de comentarios al respecto.
Pollack informó que el 11 de febrero solicitó a la OFAC que restableciera la autorización original, permitiendo así que Venezuela cumpla con su obligación de cubrir los costos de la defensa de Maduro. Añadió que Maduro “no puede costear un abogado de otra manera” y solicitará asistencia al juez para financiar su defensa.
Pollack argumentó que Estados Unidos está “interfiriendo con la capacidad del señor Maduro de contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, en virtud de la Sexta Enmienda, a contar con el abogado de su elección”.
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Goodman informó desde Miami. Los periodistas de The Associated Press Aamer Madhani y Fatima Hussein en Washington, y Larry Neumeister en Nueva York, contribuyeron a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
