NUEVA YORK (AP) — El ex presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa comparecieron este jueves ante un tribunal de Nueva York en un intento por que se desestimen las acusaciones en su contra por tráfico de drogas, en un caso que involucra una disputa geopolítica sobre los honorarios legales.
La audiencia se centró en el debate entre la defensa y la fiscalía sobre si a Maduro se le permitiría utilizar fondos del gobierno venezolano para cubrir sus gastos legales. La defensa argumenta que Estados Unidos está violando los derechos constitucionales del exmandatario al bloquear el acceso a esos fondos.
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Barry Pollack, abogado de Maduro, señaló que si se le asignaran defensores públicos, la investigación y preparación del caso consumirían recursos legales destinados a personas que no pueden pagar sus propios abogados, lo cual no tiene sentido en “un caso en el que hay alguien más que el contribuyente estadounidense dispuesto a financiar esa defensa”.
El fiscal Kyle Wirshba se opuso a permitir que Maduro utilice fondos del gobierno venezolano.
“Este es un caso único que no se ha presentado antes ante el poder judicial”, afirmó, calificándolo como una cuestión relacionada con la capacidad del gobierno estadounidense para utilizar sanciones con el fin de promover la seguridad nacional y la política exterior.
La comparecencia de este jueves marca la primera vez que Maduro y su esposa, Cilia Flores, se presentan ante un tribunal desde su arraigo en enero, cuando él protestó por su captura por fuerzas militares estadounidenses y declaró: “Soy inocente. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país”. Flores también se ha declarado no culpable.
Maduro y Flores estuvieron sentados en la mesa de la defensa entre sus abogados, vistiendo uniformes de prisión y utilizando auriculares para escuchar la traducción.
También se les acusa de ordenar secuestros, agresiones y asesinatos de personas que les debían dinero por drogas o que socavaban sus operaciones de tráfico. La acusación incluye el asesinato de un jefe de la droga en Caracas. Si son condenados, podrían enfrentar cadena perpetua.
Ambos permanecen detenidos en un centro de detención en Brooklyn y ninguno ha solicitado ser liberado bajo fianza. El juez Alvin Hellerstein aún no ha fijado una fecha de juicio, aunque podría hacerlo en la audiencia.
Concentraciones frente al tribunal
Grupos de manifestantes se reunieron frente al tribunal para apoyar y oponerse a Maduro. En una escena ruidosa, los manifestantes y simpatizantes coreaban, tocaban bocinas y golpeaban tambores y campanas. Entre los opositores a Maduro, una persona ondeaba un cartel que decía “Maduro, podrás en prisión”. Al otro lado de una barrera metálica, la gente sostenía carteles que decían “Libren al presidente Maduro”.
En Caracas, este jueves por la mañana, un par de cientos de personas se reunieron en una plaza pública, incluidos simpatizantes del partido gobernante, empleados estatales y miembros de la milicia civil. Uno de los asistentes, el jubilado Eduardo Cubillan, dijo que estaba allí para rezar por Maduro y Flores y condenar la violación de la soberanía de Venezuela durante la operación del 3 de enero.
“Esperamos que en Estados Unidos, si realmente existe justicia, se celebre un juicio que conduzca a la libertad del presidente Maduro, porque este secuestro violó los principios del derecho internacional, y queremos que se haga justicia”, dijo Cubillan, de 80 años.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, aún cuentan con cierto apoyo en Venezuela, con murales y vallas publicitarias en toda la capital, Caracas, que exigen su regreso. Si bien el partido gobernante de Maduro sigue en el poder, ha sido gradualmente apartado del gobierno de Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela.
Rodríguez ha reemplazado a altos funcionarios, incluidos el fiel ministro de Defensa y el fiscal general de Maduro, ha reorganizado agencias, ha nombrado embajadores y ha eliminado los principios del movimiento socialista autoproclamado que ha gobernado Venezuela durante más de dos décadas.
La financiación de la defensa, un tema clave
Venezuela ha restablecido recientemente las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que en 2019 rompió lazos con el gobierno de Maduro y reconoció al entonces jefe de la Asamblea Nacional, un miembro de la oposición, como el líder legítimo del país. Estados Unidos ha flexibilizado las sanciones económicas a la crucial industria petrolera de Venezuela y también ha enviado un encargado de negocios a Caracas.
Pero esto podría no evitar que Maduro y Flores tengan que cubrir sus propios gastos legales.
En una presentación judicial el mes pasado, Pollack dijo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU., que administra las sanciones, dio marcha atrás en una decisión de permitir que Venezuela pagara los honorarios legales de su cliente.
La oficina aprobó el acuerdo el 9 de enero, dijo Pollack, pero luego lo revocó sin explicación menos de tres horas después.
En una declaración escrita presentada ante el tribunal, Maduro argumentó que “tiene derecho a que el gobierno de Venezuela pague su defensa legal”.
Los fiscales respondieron que el gobierno estadounidense había autorizado a Maduro y Flores a utilizar fondos personales para pagar sus honorarios legales, pero no les permitiría hacerlo a partir de un fondo controlado por un gobierno sancionado.
Maduro declaró que no puede pagar su defensa. Para calificar para un abogado a expensas de los contribuyentes estadounidenses, debe demostrar que es demasiado pobre para pagarlo.
El caso se centra en cargos de tráfico de drogas
Durante una reunión de gabinete este jueves, el presidente Donald Trump acusó a Maduro de ser un “proveedor importante de drogas que ingresan a nuestro país”.
Trump dijo que a Maduro se le dará “un juicio justo. Pero imagino que habrá otros juicios”. No proporcionó detalles, pero sugirió que los cargos actuales que enfrenta Maduro podrían ser “una fracción de las cosas que ha hecho”.
Maduro y Flores fueron arrestados el 3 de enero en una redada nocturna en su casa de Caracas.
Una acusación de 25 páginas acusó a Maduro y a otros de trabajar con cárteles de la droga y miembros de las fuerzas armadas para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Después de Maduro, la vida cotidiana de la mayoría de los venezolanos sigue siendo la misma.
Muchos empleados del sector público ganan alrededor de 160 dólares al mes, mientras que el trabajador privado promedio gana alrededor de 237 dólares. El año pasado, la tasa de inflación anual se disparó al 475%, según el banco central de Venezuela, lo que hace que el costo de los alimentos y otros artículos esenciales esté fuera del alcance de muchos.
Garcia Cano informó desde Caracas. El periodista de Associated Press Dave Collins en Hartford, Connecticut, contribuyó a este informe.
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