La Fiscalía General de la República (FGR) investiga denuncias de presunto maltrato contra internos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Michoacán.
Paralelamente, la Cámara de Diputados reanudará el análisis sobre el posible desafuero de Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La solicitud de desafuero se basa en acusaciones de desvío de 83 millones 508 mil pesos durante su administración como exgobernador de Campeche.
El proceso de desafuero había sido suspendido previamente debido a un amparo presentado por el propio Moreno. No obstante, tras una revisión del expediente, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados retomó el caso para continuar con su análisis.
De acuerdo con la legislación mexicana, la declaración de procedencia –o desafuero– es el procedimiento mediante el cual la Cámara de Diputados determina si un funcionario público puede ser juzgado penalmente mientras ocupa su cargo. Si la Cámara aprueba el desafuero, el funcionario será separado de su cargo y puesto a disposición de las autoridades judiciales.
