En su último informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el saliente Relator Especial sobre la situación en Myanmar, Tom Andrews, instó a los gobiernos a redoblar sus esfuerzos para proteger a los civiles y apoyar a la población del país, que atraviesa una grave crisis.
“El clima geopolítico actual no es propicio para el avance de los derechos humanos en Myanmar y en otros lugares”, señaló. “Las Naciones Unidas y los principios sobre los que se fundaron hace más de 80 años están bajo una severa tensión.”
Andrews, quien tiene el mandato del Consejo para actuar como experto independiente y no es personal de la ONU, advirtió que la disminución de la presión internacional y la reducción de la financiación humanitaria podrían tener consecuencias devastadoras para una población que ya sufre violencia y privaciones generalizadas.
“Las acciones de la comunidad internacional para debilitar la capacidad del régimen militar de sostenerse a sí mismo y sus ataques contra el pueblo de Myanmar han mostrado resultados prometedores”, afirmó. “Sin embargo, es alarmante observar signos de que la determinación de los gobiernos está disminuyendo.”
El alto costo del golpe de Estado
Myanmar se encuentra sumido en el conflicto desde que los militares tomaron el poder en febrero de 2021, derrocando al gobierno civil y deteniendo a líderes como el Presidente Win Myint y la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi. El golpe de Estado también desencadenó protestas en todo el país y el surgimiento de movimientos de resistencia armada que controlan amplias zonas del territorio.
La violencia contra los civiles se ha intensificado drásticamente. En 2021 se registraron nueve ataques aéreos contra objetivos civiles, en comparación con los 1.140 del año pasado.
Más de 100.000 hogares han sido incendiados, mientras que el uso de minas terrestres por parte de las fuerzas de la junta ha aumentado considerablemente, sumiendo a las comunidades en un estado de temor constante.
Una crisis humanitaria que se agrava
El conflicto ha exacerbado una emergencia humanitaria en espiral.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), casi un tercio de la población de Myanmar necesita asistencia humanitaria y más de 12 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda.
Más de 3,6 millones de personas han sido desplazadas internamente a medida que los combates se extienden a varias regiones, incluyendo Sagaing, Magway, Chin, Bago y Kayin, donde intensos enfrentamientos y ataques aéreos continúan obligando a la gente a abandonar sus hogares.
También están aumentando las bajas civiles.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OHCHR) informa que los ataques aéreos atribuidos a las fuerzas armadas de Myanmar mataron al menos a 982 civiles en 2025, un aumento del 53% en comparación con el año anterior, incluyendo a 287 niños.
En el estado de Rakhine, más de 190 personas murieron en ataques aéreos que también destruyeron hogares, instalaciones médicas y campamentos para desplazados internos.
Llamamientos a una acción más firme
A pesar del empeoramiento de las condiciones, Andrews señaló que las medidas internacionales destinadas a aislar al liderazgo militar han dado resultados.
Las sanciones dirigidas a empresas controladas por los militares y a las redes de suministro de armas han interrumpido la capacidad de la junta para adquirir armamento, mientras que el régimen ha tenido dificultades para obtener legitimidad internacional.
La comunidad internacional se enfrenta a una elección crucial, añadió.
“¿Ampliará las medidas que han demostrado ser eficaces y apoyará al pueblo de Myanmar, que sigue demostrando un coraje y una tenacidad notables?” preguntó Andrews.
“¿O se retirará y abandonará al pueblo de Myanmar precisamente cuando más necesita ese apoyo?”
