Antón Urumov, el nuevo fiscal especial encargado de investigar al fiscal general y a sus adjuntos, ya ha emitido su primera resolución rechazando una denuncia contra Borislav Saráfov, quien continúa presentándose como fiscal general. “Sega” tuvo acceso al documento de Urumov, que en realidad está redactado como una carta al denunciante y no tiene la forma formal de un acto fiscal.
La denuncia en cuestión alega que Saráfov cometió un delito de abuso de poder, así como un delito contra la justicia.
Sin embargo, Urumov considera que una denuncia con contenido idéntico ya fue examinada por la anterior fiscal especial ad hoc, Daniela Taleva, quien también dictaminó no investigar, una decisión confirmada por dos instancias judiciales. La primera denuncia se presentó en agosto del año pasado, mientras que la segunda lo fue en enero de este año, señalando acciones de Saráfov posteriores a agosto de 2025. Según Urumov, la segunda denuncia no aporta datos nuevos.
La denuncia insiste en que, tras la resolución del 18 de septiembre del año pasado por parte de la Asamblea General de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Casación, que determinó que los poderes de Saráfov como fiscal general en funciones cesaban por ley el 21 de julio de 2025, numerosas de sus acciones como fiscal general constituyen delitos.
La Ley del Poder Judicial establece que el fiscal general en funciones debe ser reemplazado cada seis meses. Saráfov ocupa el cargo desde junio de 2023, pero los seis meses desde la entrada en vigor de la norma para Saráfov expiraron el 21 de julio de 2025. Sin embargo, la Comisión de Fiscales del Consejo Superior de la Magistratura consideró que Saráfov era una situación preexistente, que la ley no se aplicaba a él, sino al siguiente fiscal en funciones, y recientemente se negó a considerar la propuesta del ministro de Justicia interino, Andrei Yankulov, de designar a un nuevo fiscal en funciones.
La denuncia contra Saráfov cita como ejemplo que, el 3 de octubre, tras conocerse la opinión del Tribunal Supremo de Casación sobre su mandato, se publicó en la página web de la fiscalía una declaración en la que la dirección del Tribunal Supremo de Casación involucraba a la institución en un intento de alcanzar objetivos ilegítimos, se manipulaba la opinión pública, se mostraba un doble rasero y se perseguían objetivos políticos.
Diez días después, Saráfov solicitó la recusación de la jueza Miroslava Todorova, quien debía pronunciarse sobre un caso relacionado con él.
En noviembre, también solicitó a la “investigación” de un nuevo fiscal especial que se excluyeran a todos los miembros de la Unión de Jueces de Bulgaria.
El denunciante insistía en que el nuevo fiscal especial solicitara información a Saráfov, que él mismo había proporcionado a la Sala de Jueces del Consejo Superior de la Magistratura, sobre los casos contra jueces, los medios de inteligencia especiales utilizados en las investigaciones y si alguno de esos jueces figuraba en la lista de magistrados de los que se seleccionaría al siguiente fiscal especial.
También se solicitan los casos relacionados con las redes de influencia de Petio Petrov – Euroto y Martin Bojanov – Notarius. Según el denunciante, Saráfov controla a jueces y fiscales precisamente con estos procedimientos.
Si resulta que el fiscal especial Urumov figura en alguno de estos casos, esto es un “motivo cardinal e incondicional de recusación”, señala la denuncia. Urumov responde que no existen motivos de recusación. No está claro si realizó alguna verificación para afirmarlo.
La “carta de notificación” de Urumov ya ha sido apelada ante el Tribunal de Distrito de Sofía.
El ministro Yankulov quiere que la cuestión del mandato perpetuo de Saráfov sea resuelta por el Tribunal de la UE
Con su recurso ante el Tribunal Administrativo Supremo contra la negativa de la Comisión de Fiscales del Consejo Superior de la Magistratura a designar un fiscal general en funciones diferente a Borislav Saráfov, Yankulov solicita explícitamente que la cuestión sea remitida para su resolución al Tribunal de Luxemburgo.
“Los argumentos de los miembros de la Comisión de Fiscales de que, hace casi tres años, en junio de 2023, nombraron con un acto administrativo firme a Borislav Saráfov como fiscal general en funciones hasta la elección de un titular y que esta cuestión no puede ser revisada salvo por causas legales explícitas, convierten un cargo temporal en permanente, sin un plazo claramente definido para su ocupación. Sin embargo, tal cargo no puede existir en un Estado de Derecho en el que se respete el principio de mandato en el ejercicio de las funciones públicas”, escribe Yankulov.
El ministro de Justicia espera que el caso sea examinado en un plazo breve debido a la importancia de la cuestión para el correcto funcionamiento del Estado, según un comunicado del Ministerio de Justicia. Puede leer la demanda completa de Yankulov al VAS aquí.
