La infraestructura de servicios públicos como fibra óptica, agua y electricidad, genera constantes interrupciones en las aceras, lo que plantea un problema recurrente para los municipios. Según fuentes de HLN, existe una falta de mecanismos efectivos para responsabilizar a las empresas que realizan estas obras, lo que resulta en molestias continuas para los ciudadanos.
La situación se caracteriza por la apertura y reapertura frecuente de las aceras, afectando la transitabilidad y la seguridad peatonal. La ausencia de una regulación más estricta y de sanciones disuasorias para las compañías de servicios, impide una coordinación eficiente de las obras y una rápida restauración de los espacios públicos.
Esta problemática no solo impacta la calidad de vida de los residentes, sino que también genera costos adicionales para los municipios, que deben encargarse de la supervisión y reparación de las aceras dañadas. La falta de un “bastón” o mecanismo de control efectivo para los ayuntamientos, agrava la situación y perpetúa el ciclo de interrupciones.
La necesidad de una mayor colaboración entre las empresas de servicios y las autoridades locales, así como la implementación de políticas más rigurosas, se presenta como una solución para mitigar este problema y garantizar un mejor aprovechamiento del espacio público.
