La Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia presentó su informe trimestral sobre el Acuerdo de Paz de 2016. El documento advierte al gobierno de Abelardo de la Espriella sobre la incertidumbre institucional y presupuestal que afecta la reincorporación de excombatientes y la reforma rural.
António Guterres, secretario general de la ONU, puntualizó en el texto que la actual administración constituye el tercer mandato que hereda las estructuras, los compromisos y los progresos que emanaron del pacto concretado con las antiguas FARC-EP, abarcando el periodo entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2026.
Aunque el gobierno de Abelardo de la Espriella ha manifestado su intención de cumplir con la Constitución y con las obligaciones jurídicas del acuerdo, la administración todavía no ha detallado completamente su enfoque para la implementación.
El documento será expuesto ante el Consejo de Seguridad en Nueva York por Miroslav Jenča, representante especial del secretario general y jefe de la Misión en el país.
La ONU advierte sobre recortes al presupuesto para excombatientes
La inquietud central del organismo internacional gira en torno al presupuesto destinado a sostener los programas para los firmantes de la paz.
Más de 11.000 excombatientes continúan en el proceso de reincorporación, un pilar que la ONU considera fundamental para evitar la reanudación de los enfrentamientos armados.
Funcionarios en el seno de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización plantearon dudas similares ante la potencial reducción de fondos propuesta en el proyecto de presupuesto para 2027 que el Ejecutivo presentó al Congreso.
El Gobierno impulsa recortes en la Jurisdicción Especial para la Paz
El sistema de justicia transicional creado tras los acuerdos enfrenta presiones financieras directas.
Durante el mes de septiembre, el Gobierno impulsó una reducción de 170.000 millones de pesos en el presupuesto destinado a la Jurisdicción Especial para la Paz para el año 2027. De acuerdo con esa propuesta, 100.000 millones de pesos se trasladarían a la justicia ordinaria y otros 70.000 millones al sector deporte.
El canciller Omar Bula aseguró ante delegados internacionales que la administración busca remoldear
los acuerdos conforme a las prioridades presidenciales, aunque aclaró que se respetarán los compromisos del Estado. El embajador colombiano ante Naciones Unidas, Mauricio Gaona, defendió la revisión de los resultados obtenidos en materia de seguridad y cultivos ilícitos.
La Misión documenta homicidios de excombatientes y desplazamiento rural
La Misión verificó el asesinato de ocho excombatientes de las FARC-EP —seis de ellos ocurridos en el mes de agosto—, lo que elevó a 13 la cifra de homicidios contra esta población en lo que va de 2026. El informe de las Naciones Unidas documenta que la violencia persistente sigue afectando a las comunidades rurales y a quienes participan en el proceso de paz.
Desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, la Misión ha confirmado un total de 501 asesinatos de excombatientes, además de 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas.
António Guterres señaló los retrasos en la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria y advirtió sobre la persistente inseguridad que afrontan los beneficiarios de tierras en el ámbito rural y económico. A pesar de los apoyos financieros otorgados a los proyectos productivos colectivos e individuales, varios de ellos continúan reportando dificultades para alcanzar la sostenibilidad a largo plazo en las diferentes zonas del país.
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