Los Emiratos Árabes Unidos han establecido un marco legal sofisticado para la reestructuración financiera y la quiebra, plasmado más recientemente en el Decreto Ley Federal No. 51 de 2023 (la Ley de Insolvencia). Esta ley no es solo un instrumento técnico que aborda los intereses de deudores y acreedores, sino también una herramienta legislativa diseñada para proteger el interés público más amplio y mantener el orden público. El concepto de orden público está profundamente arraigado en la legislación de los EAU, incluida su Constitución y la práctica judicial, y desempeña un papel decisivo en la aplicación e interpretación de los procedimientos de quiebra.
El orden público en el sistema legal de los EAU
El orden público es un principio legal fundamental en los EAU, mencionado explícitamente en la Constitución y frecuentemente invocado por los tribunales. El Artículo 44 de la Constitución de los EAU establece que “el respeto a la Constitución, las leyes y las órdenes emitidas por las autoridades públicas en su ejecución, el cumplimiento del orden público y el respeto a la moral pública son deberes vinculantes para todas las personas que viven en los EAU.“
Se entiende que el orden público abarca los intereses últimos de la sociedad y los fundamentos éticos, económicos y políticos del Estado.
La ley de quiebras de los EAU es expresamente reconocida como una cuestión de orden público. El Tribunal de Casación de Abu Dabi ha afirmado que las reglas y los procedimientos que rigen la quiebra no son meramente contractuales o privados, sino disposiciones obligatorias que sirven a los intereses colectivos de la sociedad. En una decisión trascendental de 2024, el tribunal anuló un laudo arbitral que entraba en conflicto con los procedimientos de quiebra, dictaminando que la jurisdicción exclusiva de los tribunales de quiebras y la naturaleza obligatoria de los procedimientos de quiebra son parte integral del orden público. El tribunal declaró que el orden público es “una de las salvaguardias esenciales cuyo respeto es una prioridad en todos los actos y sentencias, ya que se relaciona con el interés último de la sociedad y con la base social, política, económica o ética sobre la que se funda el Estado“.
Equilibrio entre intereses privados y públicos
La Ley de Insolvencia articula objetivos claros que van más allá de los intereses de deudores y acreedores, al ayudar a los deudores a liquidar deudas y preservar los derechos de los acreedores. La ley tiene como objetivo mantener la vitalidad de la economía nacional y proteger los empleos y mantener la continuidad de los negocios.
Estos objetivos reflejan una intención legislativa de equilibrar los intereses privados con la protección del sistema crediticio y el interés público más amplio. La ley faculta a los tribunales para ejercer discreción al evaluar el orden público, como autorizar pagos selectivos a proveedores o empleados críticos cuando sea necesario para evitar mayores costos sociales.
En la práctica, el concepto de interés público opera como un estándar rector en todo el proceso de quiebra. Los tribunales, los administradores y los acreedores deben considerar el impacto económico y social más amplio de sus decisiones en cada etapa, incluyendo las siguientes:
- Inicio del procedimiento: Los tribunales evalúan si el inicio de un procedimiento de quiebra estabilizará los salarios, las cadenas de suministro y afectará a un grupo de acreedores.
- Reorganización frente a liquidación: La ley exige una evaluación cuidadosa de la preservación del empleo y las consecuencias sociales de la liquidación.
- Evaluación de proveedores críticos y salarios: Se permiten excepciones al principio de pari passu (igualdad de trato de los acreedores) cuando estén justificadas por el interés público.
- Aprobación de planes: Los planes de reorganización deben demostrar viabilidad, equidad y beneficios públicos visibles, como la preservación del empleo y la estabilidad del mercado.
El poder judicial de los EAU ha aplicado constantemente la naturaleza de orden público de la ley de quiebras. Por ejemplo, el Tribunal de Casación de Abu Dabi anuló un laudo arbitral que entraba en conflicto con los procedimientos de quiebra, enfatizando que la jurisdicción del tribunal de quiebras es exclusiva y obligatoria, y que los acuerdos arbitrales son inoperantes en los casos de quiebra.
Conclusión
La ley de quiebras en los EAU no es simplemente un conjunto de reglas privadas que rigen los intereses de deudores y acreedores, sino un régimen de orden público diseñado para proteger la estabilidad económica, la confianza del mercado y los intereses de la sociedad en su conjunto. Los tribunales, los administradores y los acreedores están todos obligados a actuar de acuerdo con el orden público, asegurando que los procedimientos de quiebra sirvan no solo a las partes involucradas, sino también al bien público más amplio.
