La producción clandestina de oro en Perú alcanza las 110 toneladas al año y supera las exportaciones formales de la actividad minera, según advirtió el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) el 29 de octubre de 2026. La cifra expone el avance de las economías ilícitas en las regiones del país durante una mesa técnica en el Congreso de la República.
El impacto económico del oro ilegal en Perú
El gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Gustavo De Vinatea Bellatin, sostuvo ante representantes estatales y gremios empresariales que esta práctica representa una amenaza crítica para el Estado. Mientras la minería formal aporta cerca del 10% del producto bruto interno y concentra más del 66% de las exportaciones, el sector clandestino expande sus redes de lavado de activos y violencia.
Los datos presentados indican que los distritos con mayor extracción ilícita registran tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes hasta 45 veces superiores al promedio nacional. A esto se suma el uso indiscriminado de mercurio que contamina las fuentes de agua y daña la salud de las poblaciones locales.
Las plantas de procesamiento y el movimiento financiero
El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, señaló durante la Expo Amazónica Ucayali 2026 que la minería ilegal e informal mueve más de US$ 12,000 millones y rebasa el volumen de la producción minera formal. Explicó que las plantas procesadoras declaran más del doble de lo reportado por las minas, lo que evidencia la entrada constante de material sin origen formal al circuito comercial.
Con una cotización internacional cercana a los US$ 4,000 por onza, competir contra estas organizaciones resulta sumamente complejo. El titular del Ministerio de Defensa reconoció que patrullar militarmente miles de kilómetros de ríos en la Amazonía es materialmente imposible, por lo que planteó controlar el combustible que moviliza las dragas y mejorar la infraestructura vial y fluvial para abaratar los costos de los transportes legales.
Inteligencia financiera y persecución de bienes
Por su parte, el alto comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para la lucha contra la minería ilegal, Raúl Hoyos, remarcó que la prioridad debe ser desarticular las finanzas de los nuevos millonarios que lucran con esta actividad ilícita.
Se requiere inteligencia financiera, inteligencia patrimonial, que ataque, interdicte la cabeza de esos negocios ilegales, los nuevos millonarios, que se aplique la extinción de dominio a sus propiedades, cuentas, porque si se les quita el dinero, no llegará a la parte operativa
Raúl Hoyos, alto comisionado de la PCM
En la misma línea, Johnn Jananpa, especialista ambiental de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), advirtió que la minería ilegal ha aprendido a operar dentro de la cadena formal de comercialización de oro para ocultar su origen ilícito
durante su intervención en la Semana de Prevención de Lavado de Activos organizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Acciones en áreas protegidas y debate sobre el Reinfo
El ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, advirtió que las mafias emplean armamento sofisticado, drones y tecnología avanzada para vigilar el territorio y evadir los controles estatales en las reservas naturales. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) mantiene intervenciones directas en diversas regiones para frenar el impacto ambiental.
En el ámbito legislativo, la discusión gira en torno al futuro del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo vencimiento está previsto para finales de 2026. Mientras diversos gremios y autoridades proponen cerrar definitivamente los registros temporales y regirse bajo la Ley General de Minería, las propuestas gubernamentales y las modificaciones legales continúan en evaluación en el Congreso de la República.
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