El CJIB urge a la política neerlandesa a reducir las multas de tráfico
El Centro Judicial de Recaudación (CJIB) ha solicitado formalmente a la Segunda Cámara de los Países Bajos una intervención urgente para revisar la estructura de las multas de tráfico y sus correspondientes recargos por impago. Según el organismo, los importes han alcanzado niveles que ya no guardan proporción con la gravedad de las infracciones cometidas.
Esta petición se materializa en un encuentro programado para el miércoles 15 de abril, donde el director del CJIB, Johan Bac, participará en una mesa redonda en la Segunda Cámara. El detonante de este diálogo es una evaluación de la Ley de Ejecución Administrativa de las Normas de Tráfico (Wahv), realizada por encargo del Centro de Investigación y Documentación Científica (WODC).
Impacto económico y social de las sanciones
El informe del WODC confirma que, aunque la Wahv sigue siendo robusta y eficiente en su funcionamiento, existen cuellos de botella críticos relacionados con la cuantía de las multas y los recargos derivados. El CJIB advierte que estas penalizaciones son significativamente más altas que las aplicadas en otras áreas, como el derecho penal, lo que genera una situación de vulnerabilidad para los ciudadanos con menores recursos.
Los datos reflejan un incremento sostenido en el coste de las sanciones. En 2019, la multa de tráfico promedio era de 75,57 euros; sin embargo, el año pasado esta cifra ascendió a 112,82 euros, lo que representa un aumento de más de 37 euros en un periodo de seis años.
Propuestas de reforma y supervisión judicial
Para mitigar el impacto financiero en los infractores, el CJIB ha propuesto concretamente:
- Reducción del umbral para planes de pago: Actualmente, solo se pueden solicitar pagos a plazos para multas de 75 euros o más. El organismo solicita reducir este límite para facilitar el cumplimiento de la deuda.
- Garantías procesales: El CJIB busca evitar que las multas se incrementen basándose únicamente en criterios políticos.
Además de la presión política, la cuestión de la cuantía de las multas ha llegado a la instancia judicial más alta. El caso se encuentra actualmente ante la Hoge Raad (Tribunal Supremo) mediante una pregunta prejudicial, y se espera que el tribunal emita una sentencia sobre este asunto en la segunda mitad de este año.
