El Parlamento español rechazó un paquete de medidas de emergencia sobre vivienda propuesto por el gobierno de coalición minoritaria del presidente Pedro Sánchez, lo que desató protestas masivas en todo el país y encendió especulaciones sobre posibles elecciones anticipadas este año.
La derrota legislativa del viernes dejó sin efecto un conjunto de decretos destinados a frenar la crisis de asequibilidad de la vivienda y proteger a los inquilinos según informó la agencia Associated Press. La decisión parlamentaria ocurrió en una semana marcada por una intensa movilización social en Madrid y otras ciudades.
Derrota en el Congreso de los Diputados
La votación en el Congreso de los Diputados sepultó dos iniciativas clave del Ejecutivo. El primer decreto, que contemplaba la suspensión de desahucios para hogares vulnerables hasta diciembre de 2030, fue rechazado por 178 votos a favor y 172 en contra conforme detalló la cadena británica BBC.
El segundo decreto, enfocado en la renovación automática de los contratos de alquiler, cayó por 184 votos frente a 166. La oposición del Partido Popular y de la formación de extrema derecha Vox votó en contra, y a este rechazo se sumaron partidos como el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria, mientras que Junts per Catalunya, que había negociado el primer texto, anunció su negativa la noche anterior según reportes de la prensa y agencias.
| Medida propuesta | Efecto del rechazo parlamentario |
|---|---|
| Escudo anti-desahucios | Cae la suspensión de lanzamientos para personas vulnerables prevista hasta el 31 de diciembre de 2030. |
| Prórroga de contratos | Desaparece la extensión extraordinaria de hasta dos años para contratos con vencimiento anterior a finales de 2028. |
| Líneas de ayuda ‘Tu Casa’ | Se frena el programa de préstamos sin intereses de hasta 50,000 euros para la entrada de la primera vivienda. |
Por su parte, la oposición conservadora del Partido Popular acusó al gobierno de utilizar políticamente la situación de vulnerabilidad.
Protestas en las calles tras el desalojo en Madrid
La tensión social se intensificó tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que debió abandonar su hogar en el barrio madrileño de Retiro después de que el fondo de inversión adquiriese el edificio y aumentara su alquiler de forma drástica, superando el doscientos por ciento hasta alcanzar aproximadamente 1,880 dólares mensuales con el fin de destinar el inmueble a apartamentos turísticos explicó la cadena Al Jazeera.
«Hay mucha ira en las calles.»
Portavoz del Sindicato de Inquilinos de Valencia, vía BBC
Las manifestaciones convocadas por los sindicatos de inquilinos se extendieron por unas cincuenta ciudades durante el fin de semana, con movilizaciones en lugares como Valencia, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Vitoria, Donostia, Pamplona, Zaragoza, Málaga y Segovia. En Madrid, las estimaciones sobre la participación ciudadana variaron notablemente: los organizadores calcularon medio millón de asistentes, mientras que la Delegación del Gobierno cifró la concurrencia en 70,000 personas señaló la radiodifusora alemana DW. Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinos, declaró que las marchas revelaron una nueva energía no vista en mucho tiempo y afirmó que ocho días de poder popular pueden lograr más que ocho años de gobierno progresista.
Promesa gubernamental de un nuevo decreto de vivienda
Ante la presión social y el revés legislativo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino en un mitin del Partido Socialista en Getafe para prometer que su administración trabaja contrarreloj para llevar un nuevo decreto de vivienda ante el Consejo de Ministros el martes.
No obstante, las tensiones internas en el seno gubernamental se hicieron patentes cuando el partido de izquierda Sumar propuso la expropiación de la vivienda de Maricarmen para permitir su retorno, una medida rechazada de inmediato por el ministro socialista Félix Bolaños por considerar que carece de cabida constitucional clara, aunque desde Sumar, a través de ministros como Pablo Bustinduy, replicaron que mantendrán su apoyo a dicha vía. La debilidad parlamentaria del gobierno de coalición alimenta las conjeturas sobre una posible convocatoria de elecciones generales anticipadas, mientras las organizaciones sociales insisten en exigir soluciones profundas en un contexto en el que el Banco de España estima un déficit de 700,000 viviendas y los datos del Instituto Nacional de Estadística sitúan el incremento interanual de los precios de la vivienda en un 12.2% para el segundo trimestre del año.
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