El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha expresado su profunda preocupación por una serie de propuestas legislativas ante la Knesset israelí. Estas propuestas, según Türk, podrían violar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, además de generar discriminación y vulnerar el debido proceso.
“La postura de las Naciones Unidas sobre la pena de muerte es clara e inequívoca: la rechazamos en todas las circunstancias”, afirmó Türk. “Es extremadamente difícil conciliar este tipo de castigo con la dignidad humana y conlleva el inaceptable riesgo de ejecutar a personas inocentes.”
Las propuestas en cuestión buscan reducir el umbral para la aplicación de la pena capital e introducir sentencias de muerte obligatorias, eliminando la discrecionalidad de los tribunales. Türk advierte que esta medida contraviene el derecho a la vida y las obligaciones de Israel bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Alto Comisionado también señaló que la legislación propuesta podría ser discriminatoria, ya que, según las declaraciones de políticos israelíes y el propio texto de las propuestas, se aplicaría exclusivamente a palestinos, quienes a menudo son condenados tras juicios injustos.
Las modificaciones propuestas incluyen enmiendas a la ley militar que rige la Cisjordania ocupada, exigiendo sentencias de muerte obligatorias para todas las condenas por asesinato intencional en el territorio. Asimismo, se busca modificar la ley penal israelí para introducir la pena de muerte por el asesinato intencional de israelíes en actos de terrorismo.
Esta última medida, de aprobarse, tendría el efecto de aplicar la pena capital de forma retroactiva a aquellos condenados por delitos relacionados con los ataques del 7 de octubre de 2023, lo que constituiría una violación del principio de legalidad consagrado en el derecho internacional.
Recordemos que el 7 de octubre de 2023, más de 1.200 ciudadanos israelíes y de otras nacionalidades fueron asesinados y más de 250 fueron tomados como rehenes por Hamás y otros grupos armados palestinos, tras la incursión en comunidades cercanas a Gaza, en el sur de Israel. En la ofensiva militar israelí subsiguiente, se reportaron más de 70.000 palestinos muertos y un número aún mayor de heridos.
Actualmente, se mantiene el alto el fuego acordado en octubre entre Israel y Hamás, lo que ha permitido aumentar la ayuda humanitaria, aunque los servicios médicos siguen siendo insuficientes y el plan de paz permanece estancado.
