HARRISBURG — La Corte Suprema de Pensilvania ha declarado inconstitucionales las condenas obligatorias de cadena perpetua para personas declaradas culpables de asesinato en segundo grado, un hito en la historia del sistema judicial del estado, con siglos de antigüedad.
Hasta ahora, en Pensilvania, una persona podía recibir la misma condena por ser el conductor en un robo fallido o por causar una lesión que posteriormente provocara la muerte, que alguien que planificara y ejecutara un asesinato.
“Determinamos que una condena obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para todas las condenas por asesinato en primer grado, sin una evaluación de la culpabilidad, es inconsistente con las protecciones otorgadas a nuestros ciudadanos bajo la cláusula de ‘castigos crueles’ de la carta orgánica de nuestra Commonwealth”, escribió la Jefa de Justicia de la Corte Suprema de Pensilvania, Debra Todd, en nombre de la mayoría.
La decisión fue unánime en parte, con el Juez Kevin Brobson disintiendo en parte.
Este fallo asegura que, en el futuro, las personas condenadas por asesinato en segundo grado recibirán sentencias que consideren su responsabilidad individual en el delito.
La corte suspendió su fallo durante 120 días para dar tiempo a la legislatura a modificar las leyes que requieren el esquema de sentencia ahora inconstitucional.
También podría cambiar fundamentalmente la vida de más de 1,000 personas que actualmente cumplen condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por, en algunos casos, asesinatos que no cometieron. La corte no tomó una postura explícita sobre si el fallo debería ser retroactivo, dejando esa decisión a la legislatura.
La legislatura podría abordar el problema levantando la prohibición de libertad condicional para las personas que cumplen una condena de cadena perpetua por un delito de asesinato en segundo grado, dijo Quinn Cozzens, un abogado del Abolitionist Law centre que actuó como abogado en el caso.
“Esto se aplicaría a cualquiera que ya haya sido condenado, a cualquiera que sea condenado en el futuro, y realmente aliviaría una gran carga para los tribunales, los abogados defensores y las personas que cumplen estas sentencias al pasar por el proceso de volver a ser sentenciadas a potencialmente 1,000 personas o más”, explicó Cozzens.
Un proyecto de ley bipartidista patrocinado por el Senador Sharif Street (D., Filadelfia) está actualmente en trámite en el Senado estatal y proporcionaría una solución, permitiendo a la junta de libertad condicional considerar la liberación de una persona condenada por asesinato en segundo grado después de 25 años.
Existe un apetito suficiente en la legislatura para lograr algo, dijo Street a Spotlight PA.
“He estado abogando por esto porque el resultado de nuestro sistema legal es que hay personas que no fueron el tirador real y terminan cumpliendo cadena perpetua cuando el tirador real no lo hizo”, dijo Street. “Es inconsistente con la comprensión de las personas sobre cómo debería funcionar la justicia”.
La inacción legislativa abriría la puerta a apelaciones de aquellos que cumplen cadena perpetua por asesinato en segundo grado, dijo Cozzens, lo que probablemente requeriría que la Corte Suprema de Pensilvania vuelva a fallar para aclarar si la decisión en el caso Lee se aplica retroactivamente.
El Gobernador Josh Shapiro, en una publicación en X, celebró la decisión y pidió a la Asamblea General que actuara y “llegara a un proceso justo y reflexivo para abordar a aquellos que cumplen condenas de cadena perpetua por asesinato en segundo grado”.
Aunque docenas de estados tienen cargos por asesinato en segundo grado en sus libros de leyes, solo Pensilvania y Luisiana requieren una condena de cadena perpetua.
El caso subyacente en la decisión del jueves se centra en Derek Lee, un hombre del condado de Allegheny de 36 años. En 2014, Lee y un cómplice cometieron un robo a mano armada, obligando a las víctimas Leonard Butler y Tina Chapple a entrar en su sótano. Lee golpeó a Butler con una pistola y lo robó, pero abandonó el sótano antes de que su cómplice disparara al hombre durante un forcejeo.
Durante los argumentos orales en octubre de 2024, los jueces de la Corte Suprema estatal parecían inclinados a revocar el esquema de sentencia para Lee, si no para los cientos como él, pasando gran parte de los largos argumentos discutiendo la logística.
“Se está castigando a las personas por un delito para el cual no se ha establecido ningún nivel de [intención criminal], lo que es verdaderamente contrario a cualquier cosa que pueda considerar justa en un esquema de sentencia”, dijo la Juez Christine Donohue al Fiscal Asistente del Condado de Allegheny, Kevin McCarthy, quien argumentó en nombre de la Commonwealth.
Más de una docena de partes interesadas presentaron briefs amicus en apoyo de la posición de Lee, incluido Shapiro, quien argumentó que la cadena perpetua podría ser un resultado extremadamente severo para una persona que no cometió un asesinato.
La Oficina del Fiscal General presentó un informe de acuerdo con la posición de Shapiro, pero argumentando que los tribunales no deberían utilizarse como un método para obligar a la legislatura a actuar.
La decisión del jueves devuelve el caso de Lee, y solo el de Lee, a la Corte de Common Pleas del condado de Allegheny para una nueva sentencia.
