Una agente de policía de 25 años y su pareja han sido puestos en examen en París, según anunció la fiscalía parisina este jueves. Se sospecha que ambos organizaron un sistema para consultar ilegalmente archivos policiales, que posteriormente revendían a través de las redes sociales.
Todo comenzó el 13 de mayo, cuando investigadores de la Oficina Central de Lucha contra la Ciberdelincuencia (OFAC) descubrieron en Snapchat una oferta para consultar archivos policiales, incluyendo el archivo de personas buscadas. La investigación llevó a identificar a una policía residente en Villeneuve-Saint-Georges, en el departamento de Val-de-Marne, adscrita a la Dirección de Orden Público y Circulación de París. Entre los archivos consultados se encontraba el archivo de personas buscadas (FPR), utilizado por las fuerzas del orden para señalar a individuos a vigilar o detener, y que incluye fichas S. La información se ofrecía en historias de Snapchat, desde 30 euros por el servicio de matrículas, 150 euros por una consulta del archivo de personas buscadas (FPR) y 250 euros para levantar una inmovilización de un vehículo, según una fuente cercana a la investigación.
Los archivos se vendían entre 30 y 250 euros
Contactada por el servicio de policía y justicia de TF1info, la fiscalía de París explicó que se encontraron transferencias bancarias de entre 15 y 5.000 euros en la cuenta de la principal sospechosa, provenientes de personas relacionadas con estas consultas. La investigación, en parte a cargo de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), también involucra al compañero de la agente, de 31 años, quien, según la misma fuente, tiene un historial desfavorable con las fuerzas del orden y se sospecha que desempeñó un papel central en las transacciones, reclutando y actuando como intermediario con los clientes.
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Los dos sospechosos fueron detenidos el 15 de diciembre y puestos a disposición judicial el 17 de diciembre, según la fiscalía. Serán juzgados el 15 de junio de 2026 por varios cargos, incluyendo “desviación del propósito de un archivo”, “transmisión fraudulenta de datos de archivos”, violación del secreto profesional, así como “corrupción activa y pasiva” y blanqueo de capitales. A la espera del juicio, se les ha impuesto medidas cautelares, incluyendo la prohibición de contacto, y, en el caso de la agente de policía, la prohibición de ejercer cualquier función pública.
