La extorsión cobratoria es un término poco familiar para muchos. Sin embargo, cuando se aborda la problemática de los préstamos “gota a gota” o créditos informales, el reconocimiento aumenta significativamente.
Este fenómeno, cada vez más frecuente, tiene consecuencias graves para quienes lo sufren. Cobros abusivos, intereses exorbitantes, amenazas e incluso agresiones físicas son situaciones documentadas a raíz de este tipo de financiamiento.
José Francisco Mena, fiscal adjunto del II Circuito Judicial de Limón, abordó esta problemática en el programa Voces MP, del Ministerio Público, detallando las estructuras y su funcionamiento.
“En esencia, el “gota a gota” se produce cuando una persona presta dinero y posteriormente exige el pago de la deuda mediante amenazas e intimidación, ya sea directamente o a través de terceros y por cualquier medio”, explicó Mena.
Los préstamos “gota a gota”
El fiscal señaló que, si bien en Costa Rica siempre han existido préstamos informales entre particulares, los “gota a gota” representan una modalidad delictiva importada. Los primeros casos se registraron en Colombia y posteriormente se extendieron a países de la región como Ecuador y Perú, llegando finalmente a territorio nacional.
Este tipo de “préstamo” constituye un mercado ilegal que se adapta a las condiciones locales de cada país. Ante esta situación, se impulsó una discusión legislativa para sancionar y tipificar este delito, lo que resultó en la adición de un artículo al Código Penal, denominado extorsión cobratoria.
Esta legislación establece penas de hasta cuatro años de prisión para quienes utilicen amenazas o intimidación, de forma personal, a través de terceros o por cualquier medio de comunicación, con el fin de coaccionar al deudor o a sus familiares al pago de la deuda.
Las penas se incrementan en casos de amenazas o intimidación dirigidas a menores de edad, adultos mayores o personas en situación de vulnerabilidad; cuando el delito es cometido por dos o más personas; si se produce agresión psicológica o física; si se utilizan armas de fuego o si se ocasionan daños a la propiedad. Estas circunstancias pueden elevar la pena hasta 10 años de prisión, e incluso hasta 15 años si las acciones están vinculadas con la delincuencia organizada.
“La realidad que observamos en el país es un fenómeno arraigado, extendido y diverso, que combina factores económicos, sociales y culturales. Los préstamos “gota a gota” no son un hecho aislado, sino una práctica que se ha insertado en amplios sectores de la población, especialmente aquellos con dificultades para acceder al sistema financiero formal”, recalcó el fiscal.
Conocimiento del problema en la población
José Francisco Mena citó la Encuesta de Cultura Financiera, elaborada en 2023 por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE), la cual revela que el 5,3 % de la población costarricense ha recurrido en algún momento a los préstamos “gota a gota”.
Según el funcionario judicial, este dato es “sumamente alarmante” y evidencia la significativa presencia de este fenómeno a nivel nacional.
El estudio también indica que la mayor incidencia se observa en personas entre los 25 y los 44 años, es decir, la población económicamente activa. Además, muchas de las víctimas tienen estudios secundarios incompletos, lo que sugiere una relación entre vulnerabilidad y exclusión financiera.
Expansión del fenómeno
De acuerdo con el fiscal, la expansión de este fenómeno se facilita por tres factores principales.
El primero es la brecha estructural en el acceso a créditos formales, ya que muchas personas no cumplen con los requisitos para obtener préstamos en la banca nacional, ya sea por ingresos informales, endeudamiento previo o historiales crediticios negativos.
En contraste, estos créditos informales ofrecen dinero de forma inmediata, sin trámites, garantías ni preguntas exhaustivas, lo que resulta atractivo en situaciones de urgencia económica.
El segundo factor es la proximidad geográfica. Estos préstamos se dirigen a pequeños emprendimientos y comercios locales, donde la confianza inicial reemplaza las formalidades contractuales, pero rápidamente se transforma en mecanismos de intimidación, amenaza o coerción que atrapan a las víctimas en ciclos de endeudamiento.
El tercer factor se relaciona con los bajos niveles de educación financiera, ya que muchas personas desconocen que recurrir a este tipo de crédito, en lugar de solucionar un problema puntual, puede generar consecuencias graves.
Mena aclaró que el perfil de quienes acceden a los préstamos “gota a gota”, aunque históricamente se asociaba a personas en situación de pobreza o informalidad laboral, hoy incluye a una población más diversa que necesita acceso rápido a financiamiento.
Las estructuras operativas
El Ministerio Público ha precisado que estas redes de crédito informal operan de manera descentralizada, con múltiples oferentes coexistiendo en un mismo territorio.
Se han identificado cuatro roles clave:
- Personas propietarias del capital.
- Personas que colocan el capital.
- Encargados de la red logística y de apoyo.
- Cobradores.
Los cobradores pueden trabajar para diferentes redes y no exclusivamente para un solo grupo.
Las investigaciones han revelado estructuras de distintos tamaños, que varían entre tres y ocho integrantes, lo que facilita su movilidad y dificulta su detección. No obstante, también se han identificado organizaciones de mayor envergadura vinculadas con el narcotráfico, que cuentan con alta liquidez y capacidad de expansión.
Tasas de interés ilegales
El fiscal indicó que los montos promedio de estos créditos oscilan entre 200 mil y 350 mil colones, y que las tasas de interés pueden superar fácilmente el 20 % diario o semanal, muy por encima del límite legal, que ronda el 38 % anual.
“Consideremos un préstamo legal de 200 mil colones: se pagarían 76 mil colones al año, es decir, cerca de 6 mil colones mensuales en intereses. En cambio, en el caso informal, esos mismos 200 mil colones con un interés semanal del 20 % implican pagar 40 mil colones por semana. Si no se cancelan esos intereses durante el mes, el cobro puede llegar a 160 mil colones”, explicó Mena.
Métodos de cobro
El fiscal detalló que las estrategias de cobro se basan en la intimidación y la amenaza, y se centran en tres ejes principales:
- Refinanciar la deuda con un capital e intereses mayores.
- Revender la deuda a otras redes criminales.
- Ejercer intimidación psicológica, amenazas, robo de bienes y violencia.
“La complejidad de este fenómeno delictivo radica en que se desarrolla en contextos de informalidad, intimidación y dependencia económica. Estas conductas generan silencio y temor en las víctimas, lo que dificulta las denuncias tempranas”, señaló.
El Ministerio Público indicó que ofrece acompañamiento, protección y una respuesta institucional seria y responsable a las personas que enfrentan este tipo de situaciones.
“El silencio protege al agresor, pero la denuncia y el acompañamiento adecuado son el primer paso para recuperar el control y la tranquilidad”, concluyó el fiscal.
