La economista y subgobernadora del Banco de Francia, Agnès Bénassy-Quéré, alertó en octubre pasado sobre una “privatización de la moneda”. Según la institución, más de la mitad de los pagos se realizan actualmente a través de infraestructuras privadas como tarjetas, transferencias bancarias y aplicaciones, mientras que el uso de la moneda central disminuye.
Esta tendencia se ve agravada por el auge de los criptoactivos, que están ganando terreno en el sector financiero tradicional. En 2024, el volumen global de transacciones en criptomonedas alcanzó los 10,6 billones de dólares, lo que representa un incremento superior al 56% en comparación con el año anterior, según datos del operador estadounidense Stripe.
Ante esta situación, la regulación de estos nuevos intercambios se ha convertido en una prioridad. La Comisión Europea dio un paso importante el 4 de diciembre al proponer transferir la autorización, el seguimiento y la supervisión de todos los proveedores de servicios de criptoactivos (PSCA) de las autoridades nacionales competentes a la Autoridad Europea de los Mercados Financieros (Esma). Esta medida busca recuperar el control sobre el sector.
