El Salvador eliminó la obligatoriedad del bitcóin como moneda de curso legal cinco años después de ser el primer país en adoptarlo, mientras traslada el control de su billetera estatal a manos privadas y mantiene reservas superiores a los 640 millones de dólares bajo las condiciones del FMI.
El Salvador eliminó en enero de 2025 la obligación de aceptar el bitcóin tras una reforma a la Ley Bitcóin que retiró sus características como moneda de curso legal, según relata la cobertura histórica sobre la medida.
La medida da un giro definitivo al experimento económico impulsado por el presidente Nayib Bukele en junio de 2021, cuando la Asamblea Legislativa equiparó la criptomoneda con el dólar estadounidense. La aceptación del activo queda ahora en manos voluntarias del sector privado.
La billetera digital Chivo Wallet, herramienta central de la estrategia inicial, también experimentó una transformación radical.
El Estado acumula bitcoines pese al pulso con el FMI
Los registros públicos de la Oficina Nacional del Bitcoin sitúan el balance nacional en 7.798 bitcoines, valorados en más de 640 millones de dólares a precios de mercado. Según los informes de seguimiento de reservas publicados por medios especializados, el país sumó siete unidades adicionales en una sola semana en octubre de 2026.
Datos de la web institucional de la Oficina Nacional del Bitcoin —fundada en 2022 para dirigir la política nacional sobre criptomonedas— confirman que la incorporación de esos 7 BTC elevó el total acumulado a 7.798 BTC, superando los 643 millones de dólares en valor al momento de la redacción.
Este ritmo de acumulación choca con los términos del financiamiento internacional. En diciembre de 2024, el gobierno salvadoreño pactó un crédito ampliado por 1.400 millones de dólares condicionado a mitigar los riesgos del activo digital, programa que el Directorio Ejecutivo aprobó formalmente en febrero de 2025.
El FMI autorizó recientemente un desembolso regulado de aproximadamente 138 millones de dólares, según explican las notas técnicas sobre la supervisión de los fondos, concediendo una exención temporal tras valorar medidas correctivas a pesar de reconocer ciertos incumplimientos en los criterios de desempeño.
El Gobierno oculta el origen de los fondos
Las cifras públicas no especifican si los nuevos bitcoines provienen de aportes privados o de compras directas, de acuerdo con los datos recopilados por las plataformas de análisis financiero. Esto ocurre mientras las reglas del programa crediticio internacional limitan la acumulación a donaciones documentadas.
La organización Cristosal exigió al Ejecutivo transparentar la identidad de los donantes, los montos recibidos y los contratos correspondientes. En un análisis de finales de septiembre de 2026, la entidad advirtió sobre los riesgos de lavado de dinero y la ausencia de procedimientos normativos para regular estas transferencias en cuentas públicas, señalando que la organización fundamentó sus peticiones en los principios de fiscalización internacional.
Cualquier aporte recibido por el erario debe acatar los estándares de transparencia tributaria y las normativas para bloquear el blanqueo de capitales y la financiación de actividades terroristas.
La economía familiar no refleja la narrativa oficial
El uso cotidiano de la criptomoneda se redujo drásticamente tras agotarse el bono de 30 dólares otorgado a través de la aplicación oficial, según documenta la evaluación del impacto social de la medida. El gobierno había prometido generar inclusión financiera y dinamizar el turismo y la inversión extranjera.
«Si bien la inversión no ha tenido la rentabilidad que el gobierno esperaba, tampoco está tan alejada de lo que habría sido la rentabilidad del mercado si se hubiera invertido en otra cosa.»
Analista consultado, citado por BBC Mundo
Proyectos como la Bitcoin City o la emisión de los bonos volcán permanecen sin materializarse. No obstante, el marco legal de activos digitales logró estructurar una industria regulada en el país, según valora la perspectiva institucional sobre el ecosistema criptográfico salvadoreño.
El resultado final de la apuesta oficial sigue siendo objeto de debate técnico y político.
Más sobre esto