Inimai Chettiar, presidente de A Better Balance, afirmó que “los trabajadores nunca deberían tener que elegir entre un embarazo saludable y conservar sus empleos”.
Un tribunal federal de apelaciones invalidó la Pregnant Workers Fairness Act en tres estados el 20 de noviembre de 2026.
La corte dictaminó que la Cámara de Representantes aprobó la legislación de manera inconstitucional durante la pandemia de COVID-19.
Impugnan la ley por el cuórum
El fallo se deriva de una impugnación presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, contra el gobierno federal con el fin de bloquear la aplicación de la ley en su estado, según reportó Mezha.
La decisión confirma una orden judicial previa que impide la ejecución federal de la medida en Texas, Luisiana y Misisipi, una región donde residen 20 millones de mujeres.
El Congreso aprobó originalmente la legislación como parte de un paquete de gasto federal más amplio de 1,7 billones de dólares en diciembre de 2022.
Esa aprobación utilizó un sistema de votación por delegados o poderes permitido durante el periodo de riesgo por el coronavirus.
En aquella votación final en la Cámara de Representantes, 225 miembros votaron a favor y 201 votaron en contra.
Un total de 226 legisladores emitieron su voto a distancia por medio de representantes.

El juez Cory Wilson, quien fue designado por Donald Trump, escribió en la opinión de la mayoría que el gobierno no logró demostrar la existencia de una emergencia genuina.
Los magistrados señalaron que los redactores de la Constitución debatieron intensamente sobre los umbrales de cuórum.
Recalcaron que las primeras legislaturas jamás recurrieron a sustitutos para resolver tales preocupaciones.
Bajo las disposiciones de la ley federal ahora afectada, los empleadores deben otorgar adaptaciones específicas a las trabajadoras embarazadas.
Esas medidas incluyen descansos para ir al baño y tomar agua, exención de levantar objetos pesados y permisos para acudir a citas prenatales.
Critican el alcance de la sentencia
Los jueces disidentes cuestionaron el alcance de la sentencia.

Advirtieron sobre las consecuencias jurídicas para otras leyes aprobadas bajo el mismo procedimiento dentro del gran paquete presupuestario de diciembre de 2022.
Dicho paquete financió operaciones críticas de agencias federales, destinó aproximadamente 45 mil millones de dólares en ayuda de emergencia para Ucrania y los aliados de la OTAN, y aportó cerca de 40 mil millones para la recuperación tras desastres naturales.
Los jueces disidentes escribieron “no se ofrece ninguna explicación para justificar por qué, si la totalidad del estatuto fue aprobada inconstitucionalmente, el fallo de este tribunal debería limitarse únicamente a un pequeño fragmento de la ley de varios billones de dólares”, según informó el Washington Examiner.
Cuestionaron además que Texas busque frenar la ley tras haber aceptado millones de dólares bajo esa misma ley presupuestaria.
Por su parte, el juez James Graves Jr., un magistrado nombrado por el expresidente Barack Obama, emitió otro voto en desacuerdo.
Argumentó que la mayoría añadió un requisito de presencia física que el texto constitucional no contempla expresamente.
Afirmó según Mezha que dicha postura “introduce a la fuerza un requisito mucho mayor en la Constitución”.
Organizaciones defensoras como A Better Balance anticipan que el litigio llegará hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Ante la invalidez de la norma en los tres estados del circuito, dicha entidad recordó que las trabajadoras aún pueden recurrir a otras protecciones vigentes.
Entre ellas figuran la Ley de Discriminación por Embarazo, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, la Ley de Ausencia Familiar y Médica, la Ley PUMP o normativas estatales como la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas de Luisiana.
El senador Mitch McConnell respaldó públicamente la defensa de la normativa.
Argumentó mediante un escrito de amicus curiae que los tribunales judiciales no pueden inmiscuirse en los asuntos internos del Congreso que la Constitución asigna exclusivamente a cada una de sus cámaras.
Nacido en Minot, Dakota del Norte, el 23 de diciembre de 1962, Ken Paxton se desempeñó previamente como miembro de la Cámara de Representantes de Texas de 2003 a 2013 y representó al octavo distrito en el Senado de Texas de 2013 a 2015, antes de asumir su cargo actual como fiscal general del estado en 2015.
“los tribunales no pueden inmiscuirse en los asuntos internos del Congreso”
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