La discusión sobre la reforma migratoria en Estados Unidos ha estado históricamente enfocada en el aumento de personal de seguridad, en lugar de fortalecer el sistema legal para procesar los casos de manera eficiente. Una perspectiva crítica sugiere que una reforma más efectiva habría priorizado la contratación de un mayor número de jueces y abogados especializados en derecho migratorio.
Esta alternativa habría permitido una gestión más ágil y justa de los procesos migratorios, evitando la acumulación de casos y potencialmente reduciendo la necesidad de un despliegue masivo de agentes de control. La falta de recursos legales adecuados ha sido un punto de contención en el sistema, generando demoras y complicaciones tanto para los solicitantes como para las autoridades.
La inversión en el cuerpo judicial y legal, en lugar de centrarse únicamente en el personal de cumplimiento, podría haber representado una solución más sostenible y económica a largo plazo para abordar los desafíos del sistema migratorio.
