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Se ha desatado una fuerte reacción colectiva entre los operadores de refugios privados de animales y diversas organizaciones de protección animal. El descontento está dirigido hacia el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales, a quien exigen la revisión del sistema de notificación y de las regulaciones sobre la ubicación de estas instalaciones.
Esta situación se vincula con la Ley de Protección Animal, específicamente con la enmienda del artículo 37 realizada el 27 de abril de 2023, la cual impone a los operadores de centros de protección animal privados la obligación de notificar sus instalaciones ante los gobiernos locales.
