El presidente Donald Trump firmó el 3 de abril la orden ejecutiva titulada “Acción Nacional Urgente para Salvar los Deportes Universitarios”, una medida destinada a regular el ámbito deportivo académico ante el estancamiento de la legislación en el Congreso.
Regulaciones sobre elegibilidad y transferencias
El documento busca establecer límites de elegibilidad claros, consistentes y justos, proponiendo específicamente una ventana de participación de cinco años, con algunas excepciones. Asimismo, insta a la NCAA a implementar reglas de transferencia estructuradas que permitan a los jugadores transferirse una vez cada cinco años sin penalización, añadiendo tiempo adicional en caso de que el atleta se gradúe.
Estas medidas responden a la necesidad de reducir la incertidumbre en la construcción de plantillas, ya que el sistema actual permite movimientos frecuentes de jugadores, en ocasiones a mitad de temporada, lo que se considera insostenible.
Impacto financiero y presión federal
Desde una perspectiva económica y administrativa, la orden ejecutiva otorga autoridad a las agencias federales para recortar el financiamiento a aquellas instituciones educativas que no cumplan con los mandatos sobre transferencias, elegibilidad y los pagos en el sector.
Además, el decreto busca combatir el impacto de los “booster collectives” (colectivos de patrocinadores), solicitando un control más estricto sobre aquellos que paguen a los jugadores sumas que superen el valor justo de mercado por sus derechos de nombre, imagen y semejanza (NIL).
Contexto legal y estabilidad del sector
Esta iniciativa surge tras un acuerdo de 2,800 millones de dólares que transformó el modelo amateur de los deportes universitarios, desencadenando numerosas demandas contra la NCAA. El gobierno sostiene que la implementación de límites de elegibilidad podría frenar este flujo de litigios costosos.
No obstante, expertos legales advierten que la orden podría entrar en conflicto con fallos judiciales previos y probablemente enfrentará impugnaciones legales, ya que su autoridad no deriva de un estatuto existente ni de un poder presidencial enumerado constitucionalmente. Esta es la segunda orden ejecutiva de Trump sobre la materia, siguiendo a la de julio de 2025 denominada “Salvando los Deportes Universitarios”, la cual tuvo un efecto limitado.
A pesar de las dudas sobre su aplicabilidad inmediata, la medida se percibe como una herramienta de presión para que el Congreso avance en la legislación necesaria para estabilizar la industria del deporte universitario y proteger, asimismo, el financiamiento de los deportes femeninos.
