El gobierno de Quebec ha propuesto una reforma sustancial al modelo de regulación del alcohol mediante una enmienda al proyecto de ley 11 (PL 11). Esta medida, anunciada el 24 de febrero de 2026 por el ministro delegado de Economía y Pymes, Samuel Poulin, busca permitir la venta de bebidas “listas para beber” (prêts-à-boire) en supermercados y tiendas de conveniencia (dépanneurs), poniendo fin al monopolio que actualmente ostenta la SAQ sobre estos productos.
Cambios en la distribución y restricciones
De aprobarse las enmiendas, los minoristas podrán comercializar todos los tipos de bebidas listas para beber. No obstante, se establece una restricción específica para aquellas elaboradas a partir de alcohol destilado —como vodka, ginebra o tequila—, las cuales deberán contener menos del 7% de alcohol.
Actualmente, los comercios fuera de la SAQ solo pueden vender versiones de estas bebidas elaboradas a base de malta, mientras que el acceso a las opciones destiladas está restringido exclusivamente a la SAQ.
Reacciones del sector industrial
La propuesta ha generado respuestas divididas dentro de la industria:
- Pequeñas destilerías de Quebec: Han aplaudido la iniciativa, ya que representaba una demanda prolongada del sector.
- Grandes brasseurs: La Asociación de Brasseurs de Quebec, que representa a empresas como Labatt, Molson y Sleeman, ha manifestado su preocupación al considerar que la medida fue implementada sin previo aviso.
Los grandes productores argumentan que el interés por las bebidas a base de malta, creadas específicamente para la venta fuera de la SAQ, podría disminuir drásticamente. Por ello, han solicitado la intervención del ministro de Finanzas, Eric Girard, para establecer un periodo de transición razonable que permita agotar los millones de litros de existencias actuales y han pedido que el monopolio de la SAQ sobre las bebidas destiladas se mantenga hasta finales de año.
Cuestionamientos sobre el proceso
La introducción de esta reforma ha suscitado preocupaciones debido a que la medida no fue sometida a consultas públicas previas. Según los críticos, este añadido cambia sustancialmente la portée del proyecto de ley 11 y altera las reglas que encuadran la venta y el acceso al alcohol en la provincia.
