El gobierno confirmó este miércoles 18 de febrero de 2026 una audiencia con los miembros del gabinete responsables del proceso de regularización de las situaciones administrativas en el sector de la Educación Nacional. Se espera que los primeros efectos financieros se materialicen a partir del 25 de febrero, como parte de la implementación gradual de las demandas surgidas tras la huelga iniciada en enero.
La reunión se centró en el seguimiento de los compromisos adquiridos por el ejecutivo a raíz del paro laboral que comenzó a principios de enero de 2026. Hace menos de un mes, el Gobierno se comprometió a regularizar las situaciones administrativas pendientes, con implicaciones financieras a partir de febrero. Las autoridades confirman ahora que el 25 de febrero de 2026 marcará una primera etapa concreta en este proceso. Diversos trámites administrativos procesados en las últimas semanas tendrán un impacto directo en las nóminas, incluyendo la integración en las partidas presupuestarias y los ascensos automáticos.
Impacto financiero previsto a partir del 25 de febrero
Según el ministro delegado de Economía, Finanzas, Deuda y Participaciones, a cargo del Presupuesto, Marc Abeghe, “los coeficientes indicados se aplicarán para el 25 de febrero de 2026, tanto para lo que se refiere a la inclusión en la nómina salarial como para los anticipos automáticos que deben procesarse este mes”. Precisó además que “los primeros cheques se emitirán a partir del 24 de febrero”, asegurando que el Gobierno cumplirá sus compromisos. Se ha establecido un marco presupuestario mensual para garantizar la regularidad de los pagos y el cumplimiento de los plazos anunciados.
En total, cerca de 4.000 regularizaciones administrativas se verán afectadas. Los graduados de las escuelas de formación – ENI, ENIF, ENS, ENESET – así como los profesores voluntarios, cuyo proceso se inició recientemente, están incluidos en esta planificación presupuestaria.
Los aspectos no presupuestarios del pliego de condiciones, como las primas por desplazamiento, el estatus especial o el programa “un maestro, un terreno”, siguen en discusión dentro del comité tripartito establecido por el Gobierno.
A través de estos anuncios, el ejecutivo busca restablecer la confianza con los interlocutores sociales y devolver gradualmente la tranquilidad a un sector clave para el futuro del país.
