LECCE – La “rottamazione quinquies” de las deudas tributarias está siendo analizada por la Cámara Civil de Salento. Durante una reunión celebrada en Lecce en los últimos días, el presidente de la asociación forense, el abogado Salvatore Donadei, y el abogado Matteo Sances identificaron algunas anomalías en la Ley Financiera de 2026, particularmente en lo que respecta a la regulación de la cancelación favorable de las deudas tributarias.
La medida ( aquí, los detalles ) permite extinguir las deudas fiscales y de seguridad social pagando únicamente el capital, con una tasa de interés reducida al 3% en caso de pago a plazos. Los contribuyentes pueden fraccionar el importe hasta en nueve años, con un máximo de 54 cuotas de un mínimo de 100 euros cada una. Pueden adherirse, antes del 30 de abril de 2026, los ciudadanos y las empresas con deudas asignadas a la Agencia de Ingresos-Recaudación entre 2000 y 2023, derivadas de impuestos declarados pero no pagados. Quedan excluidas, sin embargo, las sumas derivadas de liquidaciones.
Un vacío legal sobre el pago tardío
Es precisamente en la comparación con las ediciones anteriores de la “rottamazione” donde surge el primer punto crítico señalado por el abogado Sances. En las versiones anteriores, la ley preveía expresamente que la caducidad de la amnistía se produciría no solo en caso de falta de pago o pago insuficiente, sino también en caso de pago tardío. Esta tercera hipótesis no aparece en la “rottamazione quinquies”.
“La Ley Financiera de 2026 que introdujo la “rottamazione” establece en el artículo 1, párrafo 95, que la cancelación no produce efectos solo en caso de falta de pago o pago insuficiente, pero no dice nada sobre el pago atrasado, a diferencia de las “rottamazioni” anteriores”, explicó Sances. “Si esta interpretación de la norma fuera correcta, los contribuyentes podrían evitar la caducidad subsanando las cuotas impagadas y pagando, como máximo, los intereses de demora”.
Profesionales penalizados en comparación con las empresas
El segundo problema se refiere a una disparidad de trato entre las categorías de contribuyentes. Las empresas, en el marco de esta amnistía, pueden cancelar las cotizaciones de la INPS declaradas y no pagadas. A los profesionales, en cambio, se les niega esta posibilidad: el legislador ha excluido las deudas con las cajas de previsión privada, como la Cassa Forense para los abogados o la Cassa dei Commercialisti, del ámbito de aplicación de la medida.
“Considero oportuno dialogar con las instituciones para aclarar este aspecto con el fin de evitar malentendidos y posibles litigios”, declaró Sances.
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