El gobierno ruso ha aprobado el uso de las fuerzas armadas para proteger a los ciudadanos rusos detenidos en el extranjero, incluso en jurisdicciones que no se basan en tratados internacionales ratificados por Rusia o resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, según declaraciones de Vladimir Gruzdév, presidente de la Asociación de Abogados de Rusia, recogidas por Kommersant.
De acuerdo con el proyecto de ley, la decisión de desplegar al ejército para proteger a uno o varios ciudadanos rusos recaerá en el presidente ruso, Vladimir Putin. Su aprobación en el parlamento se considera una mera formalidad.
La legislación actual permite el despliegue del ejército ruso en respuesta a un ataque contra tropas rusas fuera del territorio de la Federación Rusa, o a un ataque contra un estado que haya solicitado ayuda a Rusia. Además, el presidente puede autorizar el uso de las fuerzas armadas para proteger a ciudadanos rusos ante una agresión armada, así como para combatir la piratería y garantizar la seguridad marítima.
Rusia ha empleado históricamente la estrategia de desplegar al ejército bajo el pretexto de proteger a los rusos étnicos, una justificación utilizada para intervenciones militares y anexiones en el espacio postsoviético. Ejemplos de ello incluyen la intervención en Georgia en 2008, con la separación de la región separatista de Osetia del Sur, la anexión de Crimea en 2014 y la separación de las regiones de Donetsk y Lugansk, donde se proclamaron repúblicas populares no reconocidas.
Moscú también justificó la invasión a gran escala de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, alegando la necesidad de proteger a la población de habla rusa de la supuesta opresión por parte de Kiev.
