La familia de Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU, ha presentado una demanda contra el presidente estadounidense Donald Trump y altos funcionarios de su administración por las sanciones impuestas a Albanese tras sus críticas a la actuación de Israel en Gaza. La demanda alega que estas sanciones violan sus derechos constitucionales.
Massimiliano Calì, esposo de Albanese y economista senior del Banco Mundial, y su hija menor, presentaron la demanda el miércoles en un tribunal de distrito de Washington D.C., nombrando a Trump, la Fiscal General de EE. UU., Pam Bondi, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el Secretario de Estado, Marco Rubio, como demandados.
La denuncia civil argumenta que las sanciones violan los derechos de la Primera, Cuarta y Quinta Enmienda de Albanese, confiscan propiedades de manera irrazonable sin el debido proceso y contravienen las leyes de sanciones.
“La expresión de las opiniones de Francesca sobre los hechos tal como los ha determinado en el conflicto israelí-palestino y sobre el trabajo de la Corte Penal Internacional es una actividad fundamental protegida por la Primera Enmienda”, afirma la demanda.
“En el fondo, este caso se centra en si los demandados pueden sancionar a una persona –arruinando su vida y la de sus seres queridos, incluida su hija ciudadana estadounidense– porque no están de acuerdo con sus recomendaciones o temen su poder de persuasión”, añade.
El Departamento de Estado de EE. UU. Desestimó la demanda como una “guerra legal sin fundamento” y defendió las sanciones como “legales y apropiadas”.
“Estados Unidos continuará condenando y oponiéndose a sus actividades sesgadas y maliciosas, que la han hecho indigna de su cargo desde hace mucho tiempo”, declaró un portavoz.
La administración Trump sancionó a Albanese el 9 de julio de 2025 por lo que Rubio describió como una “campaña de guerra política y económica” contra Estados Unidos e Israel.
Las sanciones congelan los activos de Albanese en EE. UU. Y prohíben a cualquier persona realizar transacciones financieras con ella. No puede viajar a Estados Unidos y ha perdido el acceso a sus cuentas bancarias.
Impacto en la familia
Calì, de nacionalidad italiana, y su hija, ciudadana estadounidense, detallaron en documentos judiciales el grave impacto que las sanciones han tenido en su familia.
La pareja era propietaria y alquilaba un apartamento en Washington que se ha visto afectado por las sanciones. La demanda alega que las sanciones impiden el acceso a las cuentas bancarias, rompen los vínculos con instituciones académicas y bloquean la capacidad de la familia para viajar a Estados Unidos.
Albanese declaró a The New York Times el jueves que había “experimentado enormes dificultades” y que los miembros de su familia temían cometer delitos al mantener contacto con ella.
“Existe una criminalización de mi maternidad y de los lazos familiares que tengo”, afirmó.
La hija de Albanese se enfrenta a posibles consecuencias penales por mantener relaciones con su madre, al ser esta una persona sancionada según la ley estadounidense.
En las últimas semanas, Francia y Alemania pidieron la dimisión de Albanese tras un discurso en un foro en el que se dijo que sus declaraciones habían sido malinterpretadas.
Un vídeo editado difundido por el grupo UN Watch sugirió que Albanese había calificado a Israel de “enemigo común de la humanidad”. Albanese en realidad se había referido al “sistema que ha permitido” la violencia en Gaza como el enemigo común.
El Ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, y el Ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, pidieron su destitución, aunque ninguno lo solicitó formalmente ante la ONU.
En una entrevista para el programa matutino de Euronews, Europe Today, el pasado viernes, Albanese declaró a Euronews que no tiene intención de dimitir a pesar de las críticas, ya que cuenta con la “confianza del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
La ONU se distanció de Albanese a través del portavoz del Secretario General, António Guterres, explicando que la organización “no está de acuerdo con gran parte de lo que dice” y con “los términos que utiliza para describir la situación” en Gaza.
Albanese, de nacionalidad italiana, no puede emprender acciones legales directas en virtud de las normas de la ONU sobre inmunidad de los funcionarios a menos que la ONU decida renunciar a ella, lo que tiene pocos precedentes.
