Seis senadores acusaron esta semana al subfiscal general Todd Blanche de un posible conflicto de intereses al suspender investigaciones sobre empresas, intermediarios y plataformas de criptomonedas, y al disolver un equipo especializado en la detección de fraudes y lavado de dinero relacionados con activos digitales.
En una carta firmada por las senadoras demócratas Elizabeth Warren, Dick Durbin y Mazie Hirono, y respaldada por Sheldon Whitehouse, Christopher Coons y Richard Blumenthal, se citó una investigación de ProPublica que reveló que Blanche poseía al menos 159.000 dólares en activos vinculados a criptomonedas cuando ordenó la paralización de las investigaciones.
Durbin, Hirono, Whitehouse, Coons y Blumenthal forman parte del Comité Judicial del Senado, que supervisa el Departamento de Justicia.
Los mismos senadores habían enviado previamente una misiva a Blanche expresando su preocupación de que sus acciones pudieran favorecer los intereses financieros del expresidente Donald Trump en el ámbito de las criptomonedas. En su carta del miércoles, argumentaron que las acciones de Blanche parecían violar la ley federal de conflicto de intereses.
“El año pasado, solicitamos los fundamentos de su sorprendente decisión de reducir los esfuerzos de aplicación de la ley del Departamento de Justicia (DOJ) en materia de criptomonedas y le instamos a reconsiderarlo. Ahora le escribimos a la luz de recientes informes que revelan que usted poseía cantidades sustanciales de criptomonedas al momento de tomar esta decisión”, señalaron los senadores. “En el mínimo, usted tenía un conflicto de intereses flagrante y debería haberse recusado.”
Blanche, el segundo funcionario de mayor rango en el Departamento de Justicia, firmó un acuerdo ético en febrero comprometiéndose a deshacerse de sus criptomonedas en un plazo de 90 días tras su confirmación y a no participar en ningún asunto que pudiera tener un “efecto directo y predecible en mis intereses financieros en la moneda virtual” hasta que sus bitcoin y otros productos relacionados con criptomonedas fueran vendidos.
Sin embargo, el 7 de abril, antes de haber liquidado sus activos, emitió un memorándum titulado “Poniendo Fin a la Regulación por Persecución” que detuvo las investigaciones iniciadas bajo la administración de Joe Biden. En el memorándum, Blanche condenó el enfoque agresivo del Departamento de Justicia de Biden hacia las criptomonedas como “una estrategia imprudente de regulación por persecución, mal concebida y mal ejecutada”. El memorándum disolvió el Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas, que había obtenido varias condenas de alto perfil relacionadas con activos digitales. Blanche afirmó que la agencia se centraría en cambio en los terroristas y narcotraficantes que utilizan ilícitamente las criptomonedas, y no en las plataformas que las alojan.
Días después, los seis senadores instaron a Blanche a reconsiderar su decisión, argumentando que de lo contrario podría facilitar la evasión de sanciones, el tráfico de drogas, las estafas y la explotación infantil.
En su última carta, señalaron que sus preocupaciones se habían materializado. Citando un informe independiente, destacaron un aumento en las actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas en 2025, incluyendo delitos vinculados al lavado de dinero y la trata de personas. También cuestionaron las razones detrás del cambio de política.
“Ciertamente, los intereses financieros del expresidente Trump parecen haber motivado algunas de sus indultos a criminales condenados por delitos relacionados con las criptomonedas”, afirmaron en su carta. “Pero el hecho de que usted poseyera cantidades sustanciales de criptomonedas al momento de tomar esta decisión pone en duda sus propias motivaciones.”
Un portavoz del Departamento de Justicia declaró a ProPublica la semana pasada que las órdenes de Blanche relacionadas con las criptomonedas fueron “adecuadamente identificadas, abordadas y aprobadas con anticipación”. No elaboró ni respondió a preguntas sobre quién aprobó sus acciones. El departamento no respondió esta semana a las solicitudes de comentarios sobre las críticas de los senadores.
En su carta de esta semana, los seis senadores demócratas emitieron una serie de preguntas exigiendo detalles sobre cómo y cuándo se aprobaron las acciones de Blanche y por quién.
También solicitaron a Blanche que, a más tardar el 11 de febrero, proporcione cualquier determinación escrita que haya recibido sobre la legalidad de su acción de aplicación de la ley en materia de criptomonedas; todas sus comunicaciones con funcionarios de ética y del Departamento de Justicia sobre el tema; y cualquier comunicación que haya tenido con la industria de las criptomonedas antes de emitir su memorándum de abril.
Estas demandas se producen aproximadamente una semana después de que el Centro Legal de Campaña, un grupo de vigilancia gubernamental no partidista, solicitara al inspector general del Departamento de Justicia que investigara a Blanche. Kedric Payne, consejero general y director sénior de ética del grupo, alegó que las órdenes de Blanche violaban la ley porque beneficiaban a la industria en general, incluyendo sus propias inversiones. Payne estimó que el valor de las tenencias de bitcoin de Blanche aumentó un 34%, hasta los 105.881,53 dólares, entre la emisión del memorándum y su liquidación. En el momento de la emisión del memorándum, Blanche también poseía inversiones en otras criptomonedas, como Solana y Ethereum, y en acciones de Coinbase.
Bajo la ley federal de conflicto de intereses, se prohíbe a los funcionarios del gobierno participar en un “asunto particular” que pueda beneficiarles económicamente a ellos o a sus familiares directos a menos que cuenten con una exención especial del gobierno. Las sanciones oscilan entre hasta un año de prisión o una multa civil de hasta 50.000 dólares, llegando incluso a un máximo de cinco años de prisión en caso de violación intencional de la ley.
“El público tiene derecho a saber que las decisiones se toman en el mejor interés público y no para beneficiar los intereses financieros de un empleado del gobierno”, escribió Payne en su denuncia ante el inspector general.
Blanche, un ex fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, fue el principal abogado de Trump en el juicio de Manhattan que resultó en su condena por 34 delitos graves relacionados con un pago de silencio a una actriz porno, Stormy Daniels. Blanche también defendió a Trump contra cargos penales que lo acusaban de conspirar para subvertir las elecciones de 2020 y de retener documentos clasificados. (Estos dos casos fueron desestimados tras la reelección de Trump).
El grupo de Payne amplió su solicitud de investigación el miércoles, pidiendo a la Oficina de Ética Gubernamental y al funcionario de ética del Departamento de Justicia que investiguen si Blanche violó su acuerdo ético, la ley federal de conflicto de intereses y la ley federal que prohíbe las declaraciones falsas en los formularios de cumplimiento.
