“Sólo podemos esperar que las cosas empeoren”, advirtió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, instando a la extensión del embargo de armas, actualmente vigente en Darfur, a todo Sudán. La situación en el país africano, sumido en un conflicto entre el ejército nacional y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) durante casi tres años, es cada vez más crítica.
Türk enfatizó la necesidad de abordar el “continuo flujo de armas” al relatar testimonios de supervivientes de atrocidades cometidas en El Fasher, capital de Darfur del Norte, tras la toma de la ciudad por parte de las RSF el pasado octubre.
Masacres generalizadas
“En un ejemplo horrendo, personas que huyeron a lugares distintos, a miles de kilómetros de distancia, ofrecieron relatos consistentes sobre la masacre de cientos de personas que se refugiaban en la Universidad de El Fasher”, declaró el Alto Comisionado, describiendo testimonios convincentes que apuntan a que algunas de las víctimas fueron seleccionadas por su origen étnico no árabe, en particular, miembros del grupo étnico Zaghawa. Los supervivientes también describieron escenas apocalípticas, con “montones de cadáveres a lo largo de las carreteras que conducen fuera de El Fasher”, comparando la situación con el Día del Juicio Final.
Estas observaciones coinciden con las conclusiones de la Corte Penal Internacional (CPI) del mes pasado, que determinó que en El Fasher se habían cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, vinculados al asedio de las RSF. “Nuestros propios hallazgos son plenamente consistentes” con la evaluación de la CPI, aseguró Türk.
Advertencias urgentes
El Alto Comisionado recordó que su oficina ya había advertido sobre posibles atrocidades, como la ofensiva de las RSF para tomar el campo de desplazados de Zamzam en abril de 2025. “La responsabilidad de estos crímenes atroces recae directamente en las RSF y sus aliados y partidarios”, afirmó.
La guerra en Sudán estalló en abril de 2023, tras el colapso de un acuerdo de reparto de poder entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las RSF en esta nación rica en recursos. La consiguiente emergencia humanitaria ha afectado a más de 30 millones de personas, muchas de las cuales han sido desplazadas repetidamente y se enfrentan a la hambruna y la violencia sexual sistemática, incluyendo la violación en grupo.
A medida que los combates se extienden desde Darfur hacia las regiones centrales de Kordofán, los observadores temen que se produzcan nuevos abusos graves, incluyendo el uso de “sistemas de armamento con drones avanzados por ambas partes”, advirtió Türk.
Una guerra con drones mortales
“En las últimas dos semanas, las SAF y las Fuerzas Conjuntas aliadas rompieron los asedios de Kadugli y Dilling”, informó el Alto Comisionado. “Pero los ataques con drones por parte de ambos bandos continúan, causando decenas de muertes y heridos entre la población civil. Los civiles corren el riesgo de ejecuciones sumarias, violencia sexual, detención arbitraria y separación familiar.”
Iniciativas de mediación
En un intento por evitar más derramamiento de sangre, el Alto Comisionado anunció una serie de medidas “para apoyar los esfuerzos de mediación” y reducir la escalada de la violencia. Estas medidas incluyen compromisos de no atacar a civiles o zonas residenciales con armas explosivas, de permitir el acceso irrestricto de la ayuda humanitaria, de poner fin a las detenciones arbitrarias y de cesar los ataques contra la infraestructura civil.
“Fui testigo de los daños causados por los ataques de las RSF contra la presa de Merowe y la central hidroeléctrica, que en su día suministraba el 70 por ciento de la electricidad de Sudán. Los repetidos ataques con drones han interrumpido el suministro de electricidad y agua a un gran número de personas, con graves consecuencias para la atención sanitaria”, concluyó.
