En una escalada sin precedentes contra las grandes tecnológicas, la Comisión del Juego del Reino Unido (UKGC) ha formulado acusaciones directas y explícitas contra Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, por “mirar para otro lado” ante una avalancha de publicidad ilegal de juegos de azar dirigida a los sectores más vulnerables de la sociedad británica.

Las declaraciones fueron realizadas por el director ejecutivo de la Comisión, Tim Miller, durante una presentación en la conferencia mundial ICE en Barcelona, describiendo la conducta de la empresa como una complicidad que otorga a los delincuentes una “ventana abierta” para llegar a sus víctimas.

La gravedad de la crisis radica en el descubrimiento por parte de la Comisión de miles de anuncios que promocionan sitios de apuestas no autorizados bajo el lema «Not on GamStop». El sistema GamStop es el último recurso para los ludópatas en el Reino Unido, permitiéndoles autoexcluirse voluntariamente de todos los sitios con licencia legal.

Miller enfatizó que estos anuncios no solo infringen la ley, sino que también practican una “caza organizada” de personas que intentan recuperarse de la adicción, atrayéndolas a sitios que operan fuera de la supervisión regulatoria. Añadió: “Permitir que una plataforma global como Facebook muestre anuncios que prometen a los usuarios eludir los mecanismos de protección nacionales es simplemente una explotación inmoral de la vulnerabilidad humana en busca de ganancias financieras”.

Asimismo, señaló que “cualquier persona que haya pasado poco tiempo en las plataformas de Meta es probable que haya visto anuncios en su feed de noticias de casinos en línea ilegales”, confirmando que muchos de estos anuncios eran para sitios que no participan en el programa británico GamStop de autoexclusión del juego en línea.

Ante la solicitud de comentarios de la agencia Reuters, Meta declaró que aplica políticas publicitarias estrictas con respecto a los anuncios de juegos de azar y juegos electrónicos, y que cualquier anuncio que infrinja estas políticas se elimina inmediatamente una vez detectado.

Un portavoz de la compañía afirmó: “Trabajamos en estrecha colaboración con la Comisión para identificar y eliminar todos los anuncios denunciados que violen nuestras políticas, y utilizamos esta información para mejorar las herramientas de detección proactiva que ya poseemos”. Añadió: “Animamos a la Comisión a continuar colaborando con nosotros para garantizar la protección de los usuarios y los anunciantes legítimos de estos infractores”.

Sin embargo, la Comisión británica rechazó las justificaciones presentadas por Meta, que alega que el gran volumen de contenido dificulta la detección de cada anuncio infractor antes de ser denunciado. Miller calificó esta afirmación de “mentira descarada”, señalando que la biblioteca de anuncios públicos de Meta, “Ad Library”, muestra claramente estas infracciones a cualquier persona que realice una búsqueda sencilla con palabras clave.

Miller ironizó: “Si nuestro personal de la Comisión del Juego puede encontrar estos anuncios en minutos, una empresa que posee las mentes más brillantes en el campo de los algoritmos y la inteligencia artificial y la inteligencia artificial ciertamente podría eliminarlos en segundos, pero la verdad es que Meta elige no mirar, porque cada anuncio que aparece, independientemente de su criminalidad, contribuye a su balance general”.

El informe reveló detalles impactantes sobre las conversaciones entre la Comisión y la empresa, donde, según Miller, los funcionarios de Meta sugirieron a la autoridad reguladora que ella misma desarrollara herramientas tecnológicas avanzadas para monitorear las plataformas de la compañía e informar sobre las infracciones. La Comisión consideró esta propuesta como una “desfachatez institucional”, ya que se pedía a una agencia gubernamental financiada por los contribuyentes que realizara tareas de supervisión y control que son inherentes a la responsabilidad de la empresa hacia la seguridad de sus usuarios.

Por otro lado, estas acusaciones contra Meta no surgen de la nada, sino que coinciden con informes similares de Italia, Indonesia y Brasil, donde Meta enfrenta acusaciones de facilitar una “economía sumergida” del juego ilegal.

En el Reino Unido, han aumentado las demandas parlamentarias para imponer sanciones financieras masivas a las empresas de redes sociales que no logren filtrar el contenido delictivo, en virtud de la “Ley de Seguridad en Línea” (Online Safety Act).

Los expertos opinan que esta confrontación representa un punto de inflexión en la relación entre los reguladores y los gigantes tecnológicos. La Comisión británica ya no se limita a solicitar “cooperación”, sino que ha pasado a una fase de “denuncia pública” para avergonzar a la empresa ante los inversores y el público, advirtiendo que “la era de la impunidad bajo el pretexto de la neutralidad tecnológica ha terminado”.

Por otro lado, esta crisis coloca a Meta en una posición delicada. Debe demostrar su capacidad para limpiar sus plataformas de anuncios “tóxicos” dirigidos a los ludópatas, o enfrentarse a acciones legales que podrían llegar a la prohibición de algunos de sus servicios publicitarios en los principales mercados. Hasta el momento, Meta solo ha emitido una respuesta general reafirmando su compromiso con las políticas publicitarias, una respuesta que los observadores han calificado de “insuficiente” ante las pruebas contundentes presentadas por la Comisión del Juego.