Over the last three months, ICE attorneys in New York state have petitioned to send half of the African asylum seekers who had immigration …
La creciente tensión geopolítica ha puesto de manifiesto la necesidad de que Europa asuma un papel más proactivo en su propia seguridad. En este contexto, recientes declaraciones y debates en foros internacionales revelan una divergencia de opiniones sobre el futuro de la alianza transatlántica y el papel de Estados Unidos en la defensa del continente.
Según reportes de la prensa surcoreana recogidos por agencias de noticias, la retórica de funcionarios estadounidenses, descrita por algunos como evocadora de figuras históricas como John F. Kennedy, ha generado reacciones encontradas. La frase “Somos hijos de Europa” pronunciada en un discurso reciente ha sido interpretada por algunos como un guiño a una mayor colaboración, mientras que otros la ven como una señal de incertidumbre sobre el compromiso futuro de Washington.
Paralelamente, la Unión Europea ha intensificado sus llamados a una mayor autonomía en materia de defensa. El presidente del Consejo Europeo ha enfatizado la importancia de que la UE asuma la responsabilidad de su propia seguridad y revitalice los mecanismos de defensa mutua. Sin embargo, persisten desacuerdos sobre la mejor manera de lograr este objetivo.
Las diferencias también se manifiestan en la percepción del papel de Estados Unidos. Mientras algunos abogan por mantener una estrecha alianza con Washington, otros cuestionan la viabilidad del modelo de seguridad internacional liderado por Estados Unidos, sugiriendo que ha llegado a su fin. Esta divergencia de opiniones refleja una profunda reflexión sobre el futuro del orden internacional y el lugar de Europa en él.
En el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el líder del Partido Laborista británico, Keir Starmer, instó a Europa a despertar y prepararse para defenderse, calificándola de «gigante dormido» en materia de defensa. Esta declaración subraya la creciente preocupación por la seguridad en el continente y la necesidad de una respuesta coordinada.
El debate sobre el salario mínimo en América Latina ha cobrado nueva relevancia con la publicación de un reciente ranking para 2026. La comparación entre países revela cifras concretas, posiciones definidas y un contexto político que influye en las discusiones salariales. En este escenario, Perú se encuentra en una posición desfavorable, enfrentando además un período de transición institucional.
La información difundida por el gobierno mexicano, a través de las redes sociales de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destaca el progreso de México en la región. “En sólo un año, México pasó del sexto al tercer lugar en salario mínimo entre los países de América Latina. Con justicia social fortalecemos la economía de las familias; por el bien de todos, primero los pobres”, declaró la mandataria.
Mientras algunos países celebran sus avances, Perú observa su posición con atención. Con un salario mínimo mensual que ronda los 335 dólares, el país ocupa uno de los últimos lugares en el ranking, superado únicamente por Brasil, Argentina y Nicaragua. Esta cifra representa no solo un valor monetario, sino también el punto de partida para un debate crucial en un momento político delicado.
El listado de salarios mínimos mensuales en dólares para 2026 ubica a Perú en el puesto 13 de 16 países de América Latina, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Uruguay lidera con 629,04 dólares, seguido por Chile con 565,95 y México con 536,62. Colombia, Guatemala, Belice y Ecuador se sitúan más atrás, todos por encima de los 480 dólares.
En la zona media del cuadro se encuentran Bolivia, Honduras, Paraguay y El Salvador. Panamá ocupa el puesto 12 con 350 dólares. Debajo se ubica Perú, con 335,61 dólares mensuales. El tramo final lo ocupan Brasil con 307,99, Argentina con 231,88 y Nicaragua con 217,61 dólares.
La posición de Perú confirma una brecha persistente en comparación con varios países vecinos y plantea interrogantes sobre el poder adquisitivo real del salario mínimo frente al costo de vida y las expectativas de los trabajadores del sector privado.
La discusión sobre el salario mínimo en Perú se desarrolla en un contexto de transición política. Tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte por decisión del Congreso, el presidente del Parlamento, José Jerí, asumió la jefatura del Estado. Desde este cargo, anunció su compromiso de liderar un gobierno de transición y garantizar la realización de las elecciones generales de 2026, según lo previsto.
En este contexto, la definición del salario mínimo corresponde al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Esta cartera lidera el proceso técnico y la etapa de diálogo, en la que participan los principales gremios empresariales, las centrales sindicales y el Poder Ejecutivo, que finalmente aprueba el monto tras el proceso de consulta.
En Perú, la Remuneración Mínima Vital es unificada y aplica a todos los trabajadores del sector privado. No existe una norma que establezca factores obligatorios para su determinación ni un mecanismo automático de reajuste. El cálculo se basa en los lineamientos técnicos propuestos por el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo en 2007, que consideran la inflación subyacente proyectada y la variación porcentual de la productividad multifactorial. Actualmente, el salario mínimo se sitúa en 1.130 soles, equivalentes a unos 332 dólares.
En América Latina, los salarios mínimos más elevados se encuentran en países con sistemas de negociación institucionalizados. Uruguay encabeza la lista regional, donde los salarios se determinan mediante convenios colectivos negociados en los Consejos de Salarios, con la participación de sindicatos, empleadores y el gobierno, según la firma de servicios profesionales Castellán.
Estos consejos fijan salarios, categorías laborales, incrementos y beneficios a través de la negociación colectiva. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el Salario Mínimo Nacional se introdujo en Uruguay mediante el Decreto 1534/969 del 28 de noviembre de 1969. En enero pasado, el Gobierno uruguayo anunció un incremento del 6 % en el salario mínimo.
El análisis del salario mínimo no se limita al monto expresado en dólares. Es fundamental distinguir entre el salario nominal y el salario real, dos conceptos que permiten comprender mejor el impacto del ingreso en la vida diaria de los trabajadores.
El salario nominal corresponde al monto total que recibe un trabajador por sus servicios en un período determinado, antes de cualquier deducción por impuestos, seguros u otras retenciones. Este valor figura en el contrato laboral y refleja el acuerdo entre empleador y empleado. Se trata de una cifra bruta que no considera descuentos ni ajustes posteriores.
Su cálculo depende de diversos factores, como el nivel del puesto, la experiencia del trabajador y las políticas salariales de cada empresa. En países como México, la Ley Federal del Trabajo obliga a las empresas a ajustar el salario nominal conforme a las normas vigentes, con el objetivo de asegurar una compensación proporcional al trabajo realizado.
El salario real, por su parte, evalúa ese ingreso nominal en relación con fenómenos de mercado como la inflación. Este indicador muestra el poder adquisitivo real del trabajador. Un aumento del salario nominal pierde valor si los precios aumentan a un ritmo mayor. En ese escenario, el trabajador enfrenta mayores dificultades para cubrir sus necesidades básicas.
Cuando el salario real crece, el acceso a bienes y servicios mejora. Cuando disminuye, el poder de compra se reduce y la calidad de vida se deteriora. Por lo tanto, el salario real ofrece una perspectiva más precisa sobre el impacto concreto del salario mínimo en la economía cotidiana, un aspecto central para países como Perú, donde el debate salarial continúa abierto en un entorno político y económico cambiante.
El presidente de la República de Burundi, Evariste Ndayishimiye, y campeón de la Unión Africana para la promoción del programa “Juventud, Paz y Seguridad en África”, convoca la Cuarta Edición del Diálogo Continental sobre Juventud, Paz y Seguridad. El evento, que se celebrará del 11 al 13 de diciembre de 2025 en el Palacio Presidencial Kiriri y el Estadio Intwari en Bujumbura, Burundi, cuenta con la colaboración de la Comisión de la Unión Africana (UA), a través del Departamento de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad.
El diálogo también recibe el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES), el Centro Africano para la Resolución Constructiva de Conflictos (ACCORD) y la Organización Internacional de la Francofonía (OIF).
El tema central de esta edición será “Más allá de la retórica: el empoderamiento y la participación de la juventud en el desarrollo sostenible, los sistemas agroalimentarios y las cadenas de valor mineral como motor clave de la Agenda Continental Juventud, Paz y Seguridad”.
La Misión Permanente de la Unión Africana ante la República Popular China y el Grupo de Embajadores Africanos en China organizarán, del 2 al 3 de diciembre de 2025 en Beijing, una “Reflexión Estratégica sobre la Implementación del Plan de Acción FOCAC 2025-2027 a través de una sinergia y alineación mejoradas entre la Agenda 2063 de la UA y los compromisos de FOCAC”.
Este encuentro, enmarcado en el espíritu de cooperación entre China y África, basado en la solidaridad y una asociación mutuamente beneficiosa, tiene como objetivo analizar las lecciones aprendidas y las prácticas probadas durante la primera década de la Agenda 2063 y la cooperación sino-africana. Se buscarán vías prácticas para alinear la Agenda 2063, el Foro de Cooperación China-África (FOCAC) y las Diez Acciones de Asociación de China-África anunciadas por el Presidente Xi Jinping en 2025.
Además, la reunión se centrará en fortalecer los mecanismos de coordinación, incluyendo un proceso de seguimiento a nivel ministerial más robusto dentro del marco de FOCAC.