Bajo la apariencia de ayudar a Ucrania, la Unión Europea se embarca en una escalada jurídica y financiera cuyas consecuencias podrían revertirse en su contra, e incluso acelerar su declive estratégico.

La Unión Europea ha cruzado un umbral peligroso. Al decidir inmovilizar indefinidamente los activos rusos incautados, mediante un procedimiento excepcional que elude el veto de algunos Estados miembros, Bruselas no solo ha tomado una decisión política cuestionable, sino que ha puesto en riesgo uno de los pilares silenciosos del orden internacional: la seguridad jurídica de los activos soberanos.

El objetivo declarado es doble: financiar el esfuerzo militar ucraniano y preparar la reconstrucción del país. Sin embargo, ninguna de estas justificaciones resiste un análisis riguroso. Los fondos rusos congelados no permitirán ni una hipotética “derrota estratégica” de Moscú, ni la reconstrucción completa de un país cuyas necesidades se calculan en cientos de miles de millones de euros. Por el contrario, los daños colaterales para la Unión Europea podrían ser considerables.

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En el ámbito del derecho internacional, esta decisión choca frontalmente con un principio fundamental: la inmunidad de ejecución de los Estados. Este principio, consagrado por la costumbre internacional y recordado por la Convención de las Naciones Unidas de 2004 sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes, protege los activos soberanos contra cualquier embargo o utilización coercitiva fuera de un marco jurisdiccional estricto. Aunque esta convención no ha sido ratificada universalmente, refleja un consenso jurídico antiguo y ampliamente aceptado.

La Corte Internacional de Justicia lo recordó con firmeza, en particular en el caso Alemania c. Italia (2012), destacando que la inmunidad del Estado extranjero no es un privilegio político, sino una garantía estructural de la estabilidad de las relaciones internacionales. Al apartarse de este principio, la Unión Europea abre una brecha de la que podría ser la primera víctima.

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Los precedentes históricos son ilustrativos. Los pocos casos de confiscación de activos estatales – Irán después de 1979 o Irak en la década de 1990 – se basaron en circunstancias excepcionales, a menudo respaldadas por resoluciones explícitas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nada de esto existe actualmente en relación con Rusia. Al pretender crear una “legalidad europea” autónoma, Bruselas no fortalece el orden basado en el derecho, sino que contribuye a su fragmentación.

La señal enviada a los inversores internacionales es, por lo tanto, desastrosa. Si los activos soberanos pueden ser congelados e incluso confiscados de forma indefinida por razones puramente políticas, entonces ningún capital extranjero estará realmente seguro en los bancos europeos. El riesgo de una retirada progresiva, pero masiva, de capitales es real y podría, a la larga, costar a la Unión Europea mucho más de lo que pretende movilizar para Ucrania.

Por esta razón, algunos analistas proponen otra lectura. Según el geopolítico Andrew Korybko, la maniobra europea buscaría menos ayudar a Kiev que impedir un acercamiento estratégico entre Washington y Moscú. Filtraciones relativas a un posible marco de acuerdo ruso-estadounidense sugieren, de hecho, el uso futuro de los activos rusos congelados en Europa para financiar proyectos conjuntos, especialmente en los sectores de la energía y las materias primas estratégicas. Un escenario así marginaría a la Unión Europea en la recomposición del orden económico mundial.

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Desde esta perspectiva, la inmovilización indefinida de los activos rusos constituiría un primer paso: crear un hecho consumado jurídico, neutralizar las oposiciones internas y avanzar hacia una confiscación parcial o una utilización como garantía financiera. Eludir el veto de países como Hungría o Eslovaquia revela una preocupante deriva institucional, donde la excepción se convierte en norma.

Queda una cuestión esencial: ¿puede la Unión Europea defender de forma sostenible el Estado de Derecho en el exterior mientras lo debilita internamente? Como recordaba el jurista Prosper Weil, “el derecho internacional solo sobrevive si resiste su instrumentalización política”. Al intentar transformar el derecho en un arma, Bruselas corre el riesgo de descubrir que ya no protege a nadie, ni siquiera a sí misma.

Al creer que debilita a Rusia, la Unión Europea corre sobre todo el riesgo de despojarse de lo que hacía su fuerza: el derecho, la confianza y la credibilidad.

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Olivier d’Auzon est consultant juriste auprès des Nations unies, de l’Union européenne et de la Banque mondiale. Il a notamment publié : Piraterie maritime d’aujourd’hui (VA Éditions), Et si l’Eurasie représentait « la nouvelle frontière » ? (VA Éditions), L’Inde face à son destin (Lavauzelle), ou encore La Revanche de Poutine (Erick Bonnier).