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Dos misiles impactaron una embarcación utilizada para el narcotráfico en el Mar del Caribe el 2 de septiembre de 2025, dejando inicialmente dos supervivientes flotando en el agua. Posteriormente, dos misiles adicionales alcanzaron a estos individuos, causándoles la muerte. La información fue obtenida por CNN Internacional.

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El ataque, ejecutado por Estados Unidos, plantea interrogantes sobre si el asesinato de los supervivientes constituye un crimen de guerra. Algunos lo califican, al menos, de una justificación “absurda” por parte de quien ordenó el segundo ataque.

Francisco Cordeiro de Araújo, investigador de Derecho Internacional y profesor de la Universidad de Lisboa, argumenta que no se trata de un crimen de guerra, sino de un “homicidio doloso” debido a la intención de matar a los supervivientes. “Obviamente, un militar no puede abatir a un civil si este no representa una amenaza para su integridad o la de su fuerza”, señaló.

Araújo rechaza la calificación de crimen de guerra porque, para que exista un conflicto armado real en este caso, debería haber una respuesta o intento de combate por parte de la otra parte. “Lo que existe es el tráfico de sustancias ilícitas que podrían ingresar a Estados Unidos”, explica. Por lo tanto, insiste, se trata de un “homicidio doloso”.

Agostinho Costa, especialista militar de CNN Portugal, considera que hubo un uso excesivo de la fuerza en el ataque estadounidense. “El narcotráfico no se combate de esta manera. Si es cierto, la orden del segundo ataque es un crimen”, afirmó. No obstante, matizó que se trata de un “crimen”, pero no de un crimen de guerra, justificando que “no se puede considerar guerra lo que Estados Unidos está haciendo” en el Mar del Caribe.

El expresidente Donald Trump ha afirmado estar inmerso en un verdadero conflicto armado contra narcotraficantes y cárteles. Araújo reacciona a esta afirmación señalando que “no hay un ataque armado contra el territorio de Estados Unidos”, lo que, según el experto en Derecho Internacional, convierte en una “interpretación algo extensiva y creativa” la designación de la situación como “guerra” por parte de Estados Unidos.

Costa subraya que “el marco legal que Estados Unidos ha establecido en este proceso fue declarar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas y, basándose en ello, existe un marco legal táctico en el que el presidente de Estados Unidos puede conducir operaciones con fuerza letal contra ese sistema”. Sin embargo, el general mayor advierte que Estados Unidos “tiene los medios para capturar, juzgar y llevar a los narcotraficantes ante la justicia, ¿verdad?”. “Eso es el Estado de Derecho: un crimen se juzga y, hasta que se demuestre lo contrario, la persona es inocente”, añadió.

El general mayor enfatiza que, “en última instancia, la contención recae en quien tiene la fuerza”. “Quien debe contenerse es quien tiene la fuerza. El principio de legitimidad de la fuerza se aplica a policías o militares en cualquier circunstancia. Lo que sucedió es inaceptable en términos de civilización”, concluyó.

«Una locura del carajo»

La Convención de Ginebra prohíbe atacar a participantes en un conflicto o a un ataque que estén heridos o en una situación vulnerable, y establece que estos participantes deben ser detenidos y atendidos si no representan una amenaza.

Según el New York Times, el almirante Mitch Bradley, quien supervisó la operación, justificó la orden del segundo ataque alegando haber visto a los supervivientes llamando refuerzos y negó que se hubieran dado órdenes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de “matar a todos”.

Según la lógica expuesta por el almirante, los supervivientes podrían, hipotéticamente, haber flotado hasta un lugar seguro, haber sido rescatados y haber continuado traficando con drogas. Una fuente con conocimiento directo de las circunstancias en que se hicieron estas declaraciones calificó este razonamiento del almirante como «una locura del carajo«.