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El ministro del Interior, Gérald Darmanin, presentó este miércoles ante el Consejo de Ministros un proyecto de ley para reformar la justicia penal, que incluye la introducción de un procedimiento de “declaración de culpabilidad” para delitos graves, con una reducción de un tercio en la pena impuesta. El texto será examinado primero por el Senado a mediados de abril y luego por la Asamblea Nacional en junio, con una votación definitiva prevista para mediados de julio.

Este procedimiento de “juicio de delitos reconocidos”, es decir, de “declaración de culpabilidad”, tiene como objetivo acelerar el procesamiento de los casos, dado que la Fiscalía cuenta actualmente con 6.000 expedientes penales pendientes de juicio, una cifra en constante aumento. Ya existente para delitos menores, la declaración de culpabilidad para delitos graves será más formal. Se aplicará únicamente a casos con un único autor, requiriendo el reconocimiento total de los hechos, el acuerdo de la fiscalía y la no oposición de la víctima. La decisión de recurrir a este procedimiento se tomará al final de la instrucción.

Según estimaciones de la Fiscalía, podría aplicarse al 10-15% de los expedientes penales, con el objetivo de reducir el tiempo transcurrido entre el fin de la instrucción y la celebración del juicio a unos seis meses, en comparación con los cuatro años actuales de media.

Una reforma de los tribunales penales

La introducción de la declaración de culpabilidad para delitos graves ha suscitado la oposición de algunos profesionales del derecho. El Colegio de Abogados de París, que agrupa a 35.000 abogados (casi la mitad del total en Francia), “se opone” a la implementación de este procedimiento, argumentando que atenta gravemente contra el derecho a un juicio justo y los derechos de las víctimas. Se prevé también una reducción del tiempo de las audiencias a aproximadamente medio día, eliminando la necesidad de testimonios de testigos o peritos.

El proyecto de ley contempla además una reforma de los tribunales penales, establecidos en 2019 y generalizados cuatro años después, que juzgan delitos castigados con penas de quince a veinte años de reclusión, generalmente violaciones. Entre los cinco magistrados que componen el tribunal, dos podrían no ser profesionales: jueces jubilados, abogados jubilados o ciudadanos formados y cualificados, siguiendo el modelo de los tribunales de menores. La apelación se realizaría ante otro tribunal penal, y no ante el tribunal de jurados como ocurre actualmente.

El texto del ministro de Justicia también incluye una disposición que autoriza el uso de la genealogía genética, permitiendo consultar bases de datos privadas en investigaciones de delitos graves. Gérald Darmanin defendió personalmente su proyecto ante el Consejo de Estado la semana pasada, y su equipo aseguró que los altos magistrados no plantearon objeciones constitucionales.