La desregulación financiera a nivel internacional, impulsada por los grandes bancos y la administración estadounidense –que aboga por reducir los requisitos de capital y las pruebas de resistencia para las entidades– se produce en un momento delicado para España. El sistema financiero nacional arrastra problemas preexistentes, incluyendo prácticas irregulares y una banca con menor solvencia en comparación con el resto de Europa.
Un claro indicador de estas prácticas es el elevado número de reclamaciones presentadas por los ciudadanos contra las entidades financieras. En 2024 se registraron 2.086.706 reclamaciones, una cifra que duplica las 828.213 de 2020, según datos de la Memoria de Reclamaciones del Banco de España.
El descontento de los clientes se refleja en la resolución de estas reclamaciones, ya que solo el 40% fueron estimadas. En el mismo año, las reclamaciones dirigidas al Banco de España alcanzaron un máximo histórico de 56.099, un incremento del 69% con respecto al año anterior. Asufin ha señalado que las entidades financieras no acataron el 21% de las resoluciones del supervisor, lo que obligó a los clientes a recurrir a los tribunales.
La Autoridad Bancaria Europea ha confirmado la menor solvencia de la banca española, situando su ratio de capital en un 13,18%, el más bajo de Europa, donde 17 países superan el 17%.
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha expresado su preocupación al respecto: “En 2024, la rentabilidad del sector bancario español mejoró gracias al aumento del margen de intereses y de los ingresos por comisiones, superando el crecimiento de los costes y las provisiones. Las ratios de capital se mantuvieron estables, cumpliendo con los requisitos normativos, aunque por debajo de la media europea. Los beneficios obtenidos el año pasado no se utilizaron para reducir esta brecha con Europa”.
Las autoridades llevan tiempo observando el comportamiento de las entidades. El anterior gobernador, Pablo Hernández de Cos, encargó una evaluación externa de la supervisión de conducta a Stefan Ingves, Hanzo van Beusekom y Pedro Duarte Neves. En respuesta a sus recomendaciones, el Banco de España se ha comprometido a “priorizar el posible daño a la clientela, en lugar de un enfoque meramente correctivo”. Asimismo, se divulgarán “los principales riesgos sectoriales identificados desde la perspectiva de la conducta”, iniciativas cruciales dada la gravedad de los perjuicios causados (desahucios, intereses abusivos, comisiones indebidas y otras prácticas irregulares).
La Memoria de Supervisión de 2024 revela que solo el 7% de los 939 empleados con funciones de supervisión se dedica a asuntos de conducta, y que de las 145 medidas supervisoras, solo una corresponde a expedientes sancionadores. El supervisor está a la espera de un informe jurídico para considerar un aumento de las sanciones, el veto a ciertos productos y el uso del “cliente misterioso”, una técnica que, según la subgobernadora Soledad Núñez, permitirá “infiltrarnos en las entidades para conocer cómo tratan realmente a los clientes”. Estas medidas son esenciales ante el considerable poder de los bancos y la magnitud de los daños.