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Las recientes controversias en torno al Presidente Gabriel Boric combinan elementos de justificada crítica con reacciones motivadas por animadversión política. Las protestas registradas en Rapa Nui y el debate suscitado por los bonos percibidos en su remuneración de diciembre son ejemplos claros de esta dinámica.

La situación actual en Chile encuentra paralelismos en otros países. En Perú, por ejemplo, se ha producido una sucesión de cambios de gobierno, con la reciente destitución de José Jerí y su reemplazo por José María Balcázar. Sin embargo, es importante destacar que, en lo que va de siglo, solo tres presidentes peruanos –Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016)– han completado sus respectivos periodos de cinco años. Desde 2016, Perú ha experimentado ocho cambios de presidencia en apenas una década, lo que genera una percepción de inestabilidad, aunque estos cambios se hayan realizado en el marco de la Constitución del país.

Situaciones similares, aunque en diferentes contextos, se observan en España y Argentina. En el caso español, existe un intenso debate sobre la gestión del Presidente Pedro Sánchez, así como especulaciones sobre un posible adelanto de las elecciones generales previstas para 2027, una opción que permite el sistema parlamentario español. En Argentina, el Presidente Javier Milei ha optado por reducir el número de ministerios, una medida que puede implementarse mediante una decisión administrativa, sin necesidad de aprobación legislativa. En otras palabras, es fundamental comprender la interacción entre la lógica política e institucional a la hora de analizar las decisiones y los cambios que se producen en cada país, teniendo en cuenta que los gobiernos evolucionan de diversas maneras y en plazos distintos, según lo establecido por sus respectivas constituciones y leyes. Desde esta perspectiva, es crucial analizar el momento actual de Chile y las acciones emprendidas por el gobierno de Gabriel Boric en sus últimos días en el cargo.

En este contexto, se pueden considerar los bonos otorgados a funcionarios públicos –incluido el Presidente de la República–, los viajes oficiales del mandatario e incluso las denominadas “leyes de amarre”. Algunas de estas decisiones son objeto de debate y pueden ser consideradas inconvenientes, estéticamente cuestionables o políticamente inapropiadas. Si bien estas cuestiones pueden ser interesantes para el debate político, el problema institucional subyacente es otro: determinar si estas acciones son justificables, si es adecuado que el gobierno designe cargos que afecten a la administración entrante, o si los recursos públicos se están utilizando de manera eficiente en el pago de bonos y suplementos salariales. Chile necesita definir criterios de acción más eficientes para el Estado y menos gravosos para la ciudadanía. A pesar de ello, el país goza de prestigio y reconocimiento a nivel internacional, especialmente en América Latina. No obstante, es importante recordar dos aspectos fundamentales. En primer lugar, en 2019, Chile experimentó un importante movimiento social y político, de carácter transformador, que planteó un cambio radical en la institucionalidad política y económico-social, desembocando en un inédito proceso constituyente con consecuencias impredecibles. En segundo lugar, en los últimos meses se ha difundido la percepción de que Chile se encuentra en una situación de crisis, una narrativa que el gobierno ha intentado contrarrestar, destacando que los actores que impulsaron el cambio en 2019 ahora defienden la institucionalidad y sus logros. En ambos casos, existe un denominador común: Chile se encontraba, o se encuentra, en una situación problemática, una afirmación que refleja la existencia de una crisis.

El problema no es únicamente político, sino también institucional. Si se considera inapropiado que el Presidente de la República reciba un bono por su desempeño, existen alternativas. Una de ellas es excluir a los gobernantes y a otras autoridades de este beneficio. Otra opción es establecer requisitos más exigentes para la obtención de los bonos estatales, considerando factores como la reducción del gasto público, la disminución de las listas de espera en el sistema de salud, la mejora de los resultados educativos y la solución del déficit habitacional. Estos desafíos, de ser abordados y superados, contribuirían significativamente al progreso social de Chile y podrían ser reconocidos tanto política como económicamente.

Sería valioso contar con información adicional para analizar estos temas en profundidad. Por ejemplo, conocer cuántos presidentes han recibido el mismo bono que Gabriel Boric, o cuántos funcionarios públicos y en qué instituciones no han accedido a los bonos por mejoramiento de gestión (PMG), ya que existe la percepción de que son ampliamente otorgados o que se asemejan más a un complemento salarial que a un bono propiamente tal. En otro ámbito, sería conveniente realizar modificaciones en temas sensibles como el nombramiento de notarios y conservadores de bienes raíces. Por ejemplo, se podría establecer una norma que establezca la incompatibilidad de ejercer estos cargos para personas con parentesco en tercer o cuarto grado con miembros del Congreso Nacional, la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, o con otros notarios o conservadores.

Comprendo la preocupación generada por las “leyes de amarre”, pero podrían tener una solución: prohibir la presentación de proyectos de ley en periodo electoral (especialmente si se les otorga urgencia) y la realización de concursos para designar funcionarios en ministerios y otras instituciones después de la primera vuelta presidencial. En otras palabras, se trata de abordar institucionalmente lo que actualmente depende de la política, la opinión pública o la buena voluntad del gobierno de turno. Esta lógica podría extenderse a designaciones de embajadores, nombramientos en el Consejo de Defensa del Estado, el Tribunal Constitucional y otras instancias que generan dudas legítimas y evidencian la necesidad de cambios estructurales, más allá de las críticas puntuales.

En definitiva, Chile no se encuentra al borde del colapso, tal como en 2019 no había experimentado décadas de estancamiento o injusticia sistémica. Sin embargo, la polarización política no es productiva y es necesario trasladar los cambios al ámbito institucional, cuya calidad es un factor determinante para el progreso o la decadencia de una sociedad.