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Desde Washington, Estados Unidos – En una estrategia legal que el juez federal Alvin K. Hellerstein deberá considerar, Nicolás Maduro solicitó que Estados Unidos permita al régimen venezolano financiar a sus abogados defensores.

Barry J. Pollack, abogado del exmandatario, es reconocido por su habilidad en el litigio y presentó ayer un recurso de 17 páginas argumentando que el caso contra Maduro involucra la Quinta y la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Las referencias constitucionales presentadas por Pollack se basan en dos argumentos principales: la alegación de que Maduro carece de fondos para cubrir los honorarios de sus abogados y que esta supuesta situación económica afecta su derecho a una defensa adecuada.

En este contexto, Pollack alega que la violación de estas dos enmiendas constitucionales sería motivo suficiente para anular todos los cargos presentados por Estados Unidos en contra de Maduro, relacionados con presuntos delitos de narcotráfico.

Según el argumento de Pollack, expuesto en la página 4 de su presentación, “la ley venezolana otorga al Sr. Maduro y a la Sra. Flores de Maduro un derecho de propiedad sobre el pago de sus honorarios legales. La revocación de las licencias por parte de la OFAC y la negativa a restablecerlas interfiere con su derecho a contratar al abogado de su elección, ya que, sin la capacidad de ejercer este derecho de propiedad, ninguno de los dos tiene la capacidad de financiar la defensa por sí mismos”.

En la página 11 de su presentación, Pollack argumenta que “el gobierno no puede invocar la “seguridad nacional” o la “política exterior” para vulnerar los derechos procesales de un individuo. Por ejemplo, en casos que involucran información clasificada, el gobierno no puede impedir que los acusados obtengan pruebas exculpatorias, simplemente porque tiene una razón política para mantener el documento clasificado. Bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, si el gobierno no ofrece una alternativa adecuada, el tribunal debe desestimar la acusación”.

La refutación de los argumentos de Pollack es directa. Los fondos de Venezuela para financiar la defensa de Maduro y su esposa no son aplicables en este caso, ya que no son autoridades legales y se considera que accedieron al Palacio Miraflores mediante fraude electoral. Además, Maduro y Flores de Maduro deben demostrar que no disponen de fondos propios, dado que su fortuna es considerable, y la Sexta Enmienda garantiza el derecho a un abogado, incluso si los fondos para su pago están bloqueados por la OFAC.

El tribunal de Nueva York tiene la opción de asignar un abogado de oficio que conozca las leyes y pueda garantizar una defensa adecuada, un derecho al que Maduro puede acceder si así lo desea.

En relación con la Quinta Enmienda, la defensa de Maduro no hace referencia a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que otorga a la Casa Blanca la autoridad para regular las transacciones con gobiernos extranjeros por razones de seguridad nacional.

A pesar de la disposición de la dictadura venezolana a pagar la defensa de Maduro, Donald Trump ha confirmado que no se utilizarán fondos venezolanos para cubrir los honorarios de sus abogados.

Está programada una audiencia para el 26 de marzo para escuchar al abogado defensor de Maduro. Se espera que el juez Hellerstein rechace la presentación de Barry J. Pollack, quien deberá decidir si continúa representando o no al exmandatario.