Este viernes se llevará a cabo un desafío legal fundamental contra las reiteradas órdenes de «emergencia» emitidas por la administración de Trump, las cuales han permitido que la planta de carbón Campbell, ubicada en Michigan, permanezca operativa.
El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, busca la aprobación judicial de un decreto de consentimiento con el operador de las centrales eléctricas de carbón Keystone y Conemaugh, lo que permitiría que ambas instalaciones continúen operando hasta 2032 mediante mejoras en sus sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Según la administración Shapiro, mantener en funcionamiento estas plantas garantizará la generación de más de 3.400 megavatios de electricidad para la red regional, suficiente para abastecer a cientos de miles de hogares, al mismo tiempo que se abordan preocupaciones sobre la confiabilidad, el costo y el impacto económico de un cierre prematuro.
Ambas instalaciones, cada una con una capacidad de aproximadamente 1.700 megavatios, tenían programado cerrar el 31 de diciembre de 2028, pero el acuerdo propuesto extendería su operación hasta 2032, siempre que se completen las actualizaciones requeridas para cumplir con los estándares federales de descarga de aguas residuales.
El gobernador Shapiro destacó que esta estrategia refleja su enfoque de «todo lo anterior» en política energética, orientado a proteger los empleos en el sector, garantizar un suministro adecuado de energía y reducir el impacto ambiental mediante controles mejorados.