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Los abogados de un hombre cuyo castigo de muerte está programado para la próxima semana en Georgia argumentan que un acuerdo alcanzado entre el estado y los abogados de la defensa en casos de pena capital durante la pandemia de COVID-19 debería proteger a su cliente de la ejecución por el momento.

Un juez federal escuchará argumentos el miércoles en una demanda presentada por los abogados de Stacey Humphreys, cuya fecha de ejecución está fijada para el 17 de diciembre. Humphreys, de 52 años, fue declarado culpable de asesinato con premeditación por los asesinatos de Cyndi Williams, de 33 años, y Lori Brown, de 21 años, en 2003, en la oficina inmobiliaria donde trabajaban en un suburbio de Atlanta.

Después de que Georgia suspendiera las ejecuciones durante la pandemia, la oficina del fiscal general del estado llegó a un acuerdo con los abogados de las personas en el corredor de la muerte para establecer los términos bajo los cuales podrían reanudarse. La Corte Suprema del estado ha confirmado que el acuerdo es un contrato vinculante.

El texto del acuerdo establece que solo se aplica a las personas en el corredor de la muerte cuyas solicitudes de reconsideración de sus apelaciones fueron denegadas por el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de EE. UU. mientras estaba en vigor una emergencia judicial relacionada con la pandemia. La emergencia judicial se levantó en junio de 2021 y el tribunal de apelaciones rechazó la solicitud de Humphreys en octubre de 2024. Los abogados del estado argumentan que, por lo tanto, Humphreys no está cubierto por el acuerdo y su ejecución debería poder continuar.

El acuerdo incluye tres condiciones que deben cumplirse antes de que se puedan programar ejecuciones para los prisioneros cubiertos: la expiración de la emergencia judicial relacionada con el COVID-19 del estado, la reanudación de las visitas normales en las prisiones estatales y la disponibilidad de una vacuna contra el COVID-19 “para todos los miembros del público”.

Además, los abogados del estado acordaron que una vez que se cumplieran esas condiciones, proporcionarían un aviso de tres meses antes de buscar una orden de ejecución para uno de los prisioneros cubiertos por el acuerdo y un aviso de seis meses para el resto.

Aunque la emergencia judicial se levantó hace más de cuatro años, los abogados de la defensa argumentan que las otras dos condiciones no se han cumplido porque las visitas están “severamente restringidas” en comparación con los niveles anteriores a la pandemia y los bebés menores de 6 meses no son elegibles para la vacuna.

Un juez dictaminó a principios de este año que la condición de la vacuna aún no se ha cumplido y la apelación del estado contra ese fallo está pendiente ante la Corte Suprema de Georgia. El juez planea abordar el tema de las visitas por separado.

Los abogados de Humphreys escribieron en una demanda presentada en octubre que el propósito claro del acuerdo era permitir que los abogados de las personas en el corredor de la muerte se prepararan adecuadamente para los procedimientos de clemencia y para el “período frenético inmediatamente anterior a los procedimientos de ejecución”.

Argumentan que buscar ejecutar a personas que no fueron incluidas mientras el acuerdo permanece en vigor crea una “clase distinta y desfavorecida” de prisioneros en el corredor de la muerte que no tendrán la misma garantía de representación legal, en violación de sus derechos constitucionales a la igual protección y el debido proceso.

“Lo que importa es que los daños contra los que estaban diseñadas para proteger las condiciones del Acuerdo aún existen hoy para todos los prisioneros en el corredor de la muerte”, escribieron los abogados de Humphreys.

Los abogados del estado disputan que los derechos al debido proceso y la igual protección de Humphreys se verían violados, argumentando que no ha demostrado cómo sus abogados se han visto restringidos para prepararse para su próxima ejecución debido al COVID-19 o que el estado haya elegido arbitrariamente excluirlo del acuerdo.

Los abogados del estado también señalan que el prisionero en el corredor de la muerte Willie James Pye presentó argumentos similares antes de su ejecución en marzo de 2024 y un juez federal determinó que “el Estado tiene claramente una base válida para trazar una línea entre los reclusos cubiertos y no cubiertos por el Acuerdo”. Un caso similar presentado por otras tres personas en el corredor de la muerte de Georgia fue rechazado por un juez federal y está pendiente ante el 11º Circuito.